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Paraguay, Rodeado de todos los miembros de su comunidad y con gran alegría, el cacique Alejandro Romero recibió de manos del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Augusto Fogel, el título de propiedad de 40 hectáreas que ocupan.
Esta es la primera titulación de tierras indígenas que realiza la ONG OguasU como parte del proyecto "Regularización y documentación de comunidades, financiado mediante una donación japonesa y el Banco Mundial.
Margarita Ocampo de Prieto había donado en el año 2005 estas 40 hectáreas a los indígenas, que hoy el Indi y Oguasu titulan y entregan a la comunidad mbya de Ko'ê Pyahu del distrito de J. Eulogio Estigarribia. Las 10 familias que la componen acompañaron el acto, que para ellos es un gran logro, como manifestaron sus principales líderes.
Próximamente está prevista la entrega de más títulos de propiedad a nombre de otras comunidades indígenas mbya del departamento de Caaguazú, anunciaron las autoridades.
Michoacán, Un joven originario de Cuitzeo, de 17 años de edad, murió en La Joya, Texas, cuando recién se internaba de manera ilegal en Estados Unidos, informó Alma Griselda Valencia Medina, titular de la Secretaría de los Migrantes.
Precisó que se trata del michoacano Ubaldo Castro Jacobo, quien al parecer viajaba con un traficante de personas o pollero que trasladaba a casi 30 migrantes mexicanos, y que al sentirse perseguido por una patrulla fronteriza intentó fugarse, lo que provocó un accidente automovilístico.
La funcionaria, quien lamentó la tragedia, explicó que la Secretaría del Migrante ya está realizando los trámites necesarios para hacer el traslado correspondiente del cuerpo y apoyar a la familia.
México, Las mujeres indígenas mexicanas padecen discriminación múltiple, suma de agravios que atenta contra prácticamente todos los derechos humanos que deben garantizar los Estados en las sociedades modernas.
Ellas son más de cinco millones y en su mayoría carecen —por el hecho de ser mujeres, indígenas y pobres— de oportunidades económicas y políticas en materia de empleo, educación, servicios sociales, acceso a la justicia, y de manera importante, de acceso a la tierra y a otros recursos productivos, señala Rodolfo Stevenhagen, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Su rezago se recrudece frente a las instituciones del Estado, que casi nunca tienen aptitud ni actitud para atender a una población que padece la discriminación múltiple por su origen étnico, por ser mujer, por el uso de su lengua, su situación socioeconómica, entre otras causas, la cual genera también condiciones propicias para que sean víctimas de violencia.
Así lo señala la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, publicado en 2007.
En estas entidades se localizan 15 de los 25 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano Indígena (IDHI) en el país, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Mapuche, Cabe recordar que el Estado de Chile, es el país que tiene lo más bajo estándares con los derechos de los Pueblos Indígenas. A raíz de lo mismo, la comunidad internacional mediante sus mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos tanto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Comité Internacional de Derechos Civiles Políticos, han presentado un conjunto de recomendaciones al Estado de Chile para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas de Chile.
1.- La vulneración de los derechos del Pueblo Mapuche tienen sus raíces en el proceso de la denominada Pacificación de la Araucanía durante 1881, que en términos prácticos significó la ocupación militar del territorio Mapuche y el establecimiento de una política de opresión y colonialismo interno que no ha cesado.
2.- Los anuncios de la presidenta no representa un avance significativo. La figura de una Subsecretaria sobre Asuntos Indígenas, es una cuestión que se constituyó durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar y este cargo lo desempeño el señor Jaime Andrade, quien termino renunciando por la falta de un mandato más amplio que diera mayor autoridad en sus acciones.
3.- La figura de un Consejo Indígena, es una idea integracionista y colonialista que promovieron los indigenistas entre ellos José Bengoa y José Aylwin en el desempeño de sus funciones en la Comisión de la Verdad y Nuevo Trato. Esta figura institucional no es más que una maquillación al Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI.
4.- El Consejo de Todas las Tierras, recuerda que el Tribunal Constitucional hace una década ya emitió sus puntos de vistas a favor del Convenio 169 de la OIT, trasladar el asunto nuevamente a éste organismo, no es más que dilatar la ratificación, la vigencia e implementación del Convenio, poniendo de manifiesto que subyace la deplorable Declaración Interpretativa y la falta de voluntad política para tomar decisiones relativos a los derechos de los Pueblos Indígenas.
5.- Lamentamos que la presidenta no se haya referido a la indicación al proyecto de reforma al Sistema Binominal para la participación Indígena presentado en la Cámara de Diputados propiciado por una veintena de Diputados entre ellos por los Diputados Marco Enríquez Ominami.
6.- Es preocupante que la Presidenta Michelle Bachelet, no se haya referido a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que contiene mayores y elevados estándares de derechos colectivos, entre ellos el derecho a la libre determinación indígena, por lo mismo, resulta urgente desplegar los esfuerzos organizativos para conformar un Autogobierno Mapuche y a partir de su constitución establecer nuevas y justas relaciones institucionales bajo el principio del derecho a la libre determinación de los pueblos. Aucán Huilcamán Paillana- Organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras.
Colombia, Naciones Unidas le recomendó a Bolivia y Perú que prohíba a sus indígenas masticar la planta.
Controversia. Cientos de indígenas en Bolivia salieron a las calles a protestar contra la sugerencia de la JIFE de abolir la masticación de hoja de coca.
Cuenta la líder arhuaca Belkis Izquierdo, que cuando el mamo Jacinto llegó a Estados Unidos a hablar con congresistas estadounidenses sobre la situación actual de los indígenas Kogui, le quitaron a la entrada del recinto de reunión la hoja de coca y el poporo —una pequeña calabaza que contiene la cal con que se acompaña la práctica ritual de la masticación de coca—. "Al mamo le dio desespero y entonces dijo: 'Me voy', porque quitarle el ayu (hoja de coca) era como quitarle la vida misma", reconoce Belkis.
Con esta historia responde Belkis cuando le preguntan cómo recibieron las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta la recomendación de erradicar "sin demora" en Perú y Bolivia la práctica ritual de la masticación de hoja de coca, conocida como mambear, en la Sierra y acullico, en Bolivia. La exhortación apareció hace dos semanas en el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas que vigila y controla el actuar de los países en la lucha antinarcóticos y afectaría también a Colombia, dado que en su territorio muchas comunidades indígenas conservan la tradición.
La recomendación causó escozor en las regiones indígenas de los Andes. En la provincia de Puno, Perú, su gobernador ordenó la suspensión total de las operaciones de erradicación de arbustos de coca. Luego, tras el evidente reproche del gobierno de Alan García, anunció que la provincia declararía su independencia. Entre tanto, miles de indígenas aymaras y quechuas salían a las calles de La Paz, Bolivia, con bultos repletos de hoja de coca, para realizar el acullico, en señal de rechazo.
Incluso el presidente boliviano Evo Morales, principal líder cocalero de este país, conformó de inmediato una misión especial para protestar ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena: "La comunidad internacional debe entender que la producción de coca en Bolivia es milenaria. La coca debe ser sacada de la lista de estupefacientes, y ser considerada como patrimonio cultural", le dijo a El Espectador Jerónimo Meneses, viceministro de la coca de Bolivia.
Sagrada y criminal. Camilo Uribe, toxicólogo colombiano y uno de los diez miembros del comité de la JIFE, no titubea al explicar los motivos de la recomendación: "El mandato nuestro es muy claro: velar y controlar que los países miembros de las Naciones Unidas cumplan con los tratados que ratificaron", afirma.
Colombia, Perú y Bolivia deben erradicar el mambeo de sus territorios, porque esta práctica aparece condenada en la Convención Única de Estupefacientes, expedida por la ONU en Nueva York, en 1961, y ratificada por estos tres países. La convención creó la Lista Amarilla, donde la "hoja de coca" aparece como un estupefaciente "sujeto a fiscalización internacional" , y dictaminó que "la masticación de hoja de coca debe quedar prohibida dentro de los 25 años siguientes a su entrada en vigor".
Para Uribe, la medida tiene una razón de ser: "Es muy fácil a partir de la hoja de coca producir clorhidrato de cocaína y base de cocaína", afirma. Como médico sabe que aspirar cocaína y mambear coca son cosas muy distintas, pero señala que frente a la prohibición del mambeo "ninguno de los países andinos hizo ninguna salvedad en la convención y sus parlamentos los ratificaron. ¿Qué culpa tiene la JIFE de que hayan firmado lo que no es?".
Hoy, cuando los indígenas bolivianos cuentan con amplia representación política tanto en el Gobierno como en el Congreso Nacional, el "recorderis" de la JIFE no pasa desapercibido. Para los bolivianos, la clase política que en 1960 se comprometió a erradicar una práctica cultural esencial para más del 50% de sus habitantes, desconoció los derechos culturales de los aymaras y quechuas. De ahí la protesta del canciller de este país, David Choquenhuasa, quien declaró que la Convención había sido firmada por "hombres europeos y blancos, con una visión occidental".
Adicionalmente, la declaración del organismo de Naciones Unidas chocaría con la Convención de Estupefacientes de 1988, la cual afirmó que las políticas de erradicación de cultivos ilícitos "tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica".
¿La comercialización? Por estos días preparan en el resguardo arhuaco de Belkis Izquierdo una ofrenda o pagamento, en el que pedirán en la Sierra Nevada la autorización de los seres espirituales para la comercialización de la coca en forma de té, así como lo hicieron hace unos años los indígenas Paeces del bajo Cauca. Pero tal como están las cosas hoy, cualquier comercialización de la hoja contradice los mandatos de Naciones Unidas.
Camilo Uribe, quien fue hasta hace poco director del Invima, debió negarle el registro sanitario al té Coca Nasa, porque la comercialización de productos derivados de la hoja de coca contravenía las convenciones. Ahora, como miembro de la JIFE, sigue siendo protagonista de la misma polémica. "Mientras no sea modificada la Convención de 1961, la obligación de la junta es invitar a los países a que cumplan con sus términos", afirma.
El único país que hoy comercializa de forma legal la hoja de coca es Perú, que creó la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), organización pública autorizada por la Convención del 61, y que se encarga de recolectar, procesar, distribuir y comercializar la hoja en el país.
Bolivia y Colombia, que no cuentan con este tipo de institución, están obligadas según mandatos internacionales a prohibir la comercialización y, de paso, junto con Perú, a erradicar la masticación ritual de la coca. Mientras los gobiernos definen cómo efectuar semejante prohibición, Belkis Izquierdo se pregunta en qué momento llegó su planta a ser tan incomprendida y estigmatizada. "El humano tiene la mente corrompida, todo lo degenera. Pero nosotros seguiremos defendiendo la planta sagrada en su esencia natural. La coca es el corazón de nuestra cultura".
Visiones de la coca. Para los arhuacos, el ayu es una planta sagrada de naturaleza femenina, símbolo de amistad y puente con otros seres espirituales. Elemento vital de identidad, la coca es cultivada y recolectada por las mujeres, mientras los hombres adultos la mambean, es su compañera.
Para la Convención de 1961, 200 gramos de hoja de coca equivalen a 1 gramo de cocaína y un kilogramo de hoja de coca equivale a 5 gramos de cocaína.
¿Qué dice la ciencia? Un estudio emblemático, realizado en 1977 por Timothy Plowmannm, de la Universidad de Harvard, reveló que 100 gramos de coca contienen 305 calorías, 19 gramos de proteínas, 5 de grasas, 46 de hidratos de carbono, 1,5 de calcio, 1,4 de vitamina C y 11.000 Unidades Internacionales de vitamina A.
En años más recientes, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura investigó la naturaleza del efecto de la masticación de la hoja de coca sobre los indígenas 'acullicadores' de las regiones de Yungas y Chapare, principales zonas de cultivo de la coca en Bolivia. Según la investigadora de este Instituto, la doctora Mercedes Villena, estos son algunos de los hallazgos, publicados en 1994 en el libro Usos de la hoja de coca y salud pública, que puede ser consultado en la biblioteca virtual de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
1. Masticar coca no le da más fuerza a los acullicadores. Sin embargo, les otorga resistencia y permite jornadas laborales más prolongadas.
2. La masticación profundiza la respiración, reduce su frecuencia y dilata los bronquios. Esto permite que en lugares donde hay menos presión del oxígeno, las personas inhalen el suficiente aire para evitar las molestias generadas por la altura.
3. El mambeo no es un hábito permanente. Una encuesta reveló que los indígenas sólo mastican coca en jornadas de trabajo y actos sociales.
4. No hay diferencia en el consumo de alimentos entre aquellos que mastican coca y aquellos que sí. Contrario a la percepción tradicional, la coca no quita el hambre.
5. No se han encontrado evidencias de que la práctica del acullico sea nociva para la salud.
OEA, La Corte Interamericana de Derechos Humanos enviará a Bolivia una comisión para apoyar la liberación de familias guaraníes semi esclavizadas y la redistribución de tierras, iniciativas rechazadas por algunos hacendados y cívicos de Santa Cruz.
"… La restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención", recomienda un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que decidió enviar a Bolivia en el corto plazo una comisión especial con la misión expresa de evaluar las acciones que está tomando el Estado nacional para atender las demandas de tierra del pueblo indígena guaraní del Chaco.
El Informe de la CIDH denominado "Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia", un documento que es resultado de la visita de una misión de la OEA al país a fines de 2006, observa con "profunda preocupación" la continuidad de diversas formas de servidumbre por deudas, análogas a la esclavitud, con algunos elementos de trabajo forzoso prohibidos por tratados internacionales que Bolivia ha prometido cumplir.
El documento en cuestión se refiere a la miseria absoluta de al menos 600 familias indígenas guaraníes que viven en condiciones infrahumanas y sometidas a situaciones de servidumbre en haciendas del chaco boliviano en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca como consecuencia de la falta de reconocimiento y titulación de sus tierras y territorios ancestrales.
"Esta situación viene de décadas atrás y consiste, en términos generales, en el excesivo trabajo físico de personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, en algunos casos bajo la amenaza de aplicación de castigos corporales (…)". La Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico mediante azotes por "desobediencia", situación que fue corroborada por diversos propietarios que comentaron que los guaraníes no tienen iniciativa para nada y que hay que "aguijonearlos" para que trabajen.
Las mujeres realizan principalmente trabajos de cocina y deben llevar la comida a los hombres que trabajan a kilómetros de distancia. Además, llevan a cabo otras labores como pelar maní, escarmenar lana, limpiar las haciendas, cuidar gallinas y lavar ropa. Trabajan desde las 4 AM hasta las 6 PM, y aún así, el concepto que se tiene de la mujer guaraní entre los hacendados es que es una "mujer floja y descuidada". Por su parte, las labores que realizan los hombres dependen de la temporada y su jornada comienza a las 7 AM y termina a las 6 PM. Los niños y adolescentes de padres guaraníes, dependiendo de la edad, trabajan a cambio de alimentación, techo o estudio. Si están en edad escolar, algunos pueden asistir a la escuela pero en la tarde trabajan junto a sus padres cumpliendo ciertas labores. En otros casos los niños no asisten a la escuela y se someten a la educación impartida por el patrón.
Los patrones pagan por este trabajo en especie y/o a través de mínimas sumas de dinero que no compensan las largas jornadas laborales y bajo ninguna circunstancia cubren las necesidades básicas de subsistencia de los trabajadores. Correlativamente a la insuficiencia de la contraprestación, se genera una situación de endeudamiento permanente y sucesivo con los hacendados por la provisión de víveres, ropa y otros productos, "que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse", dice el informe de la CIDH.
La Comisión de la OEA deploró la continuidad de estas prácticas en pleno Siglo XXI, que además suponen violaciones a otros derechos humanos como la integridad personal, tanto física como psíquica y moral; condiciones mínimas de vida digna; educación y acceso a la justicia, todos derechos consagrados por la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Comisión reconoció la intención del gobierno actual de darle prioridad a esta situación y tomó nota del impulso que se le dio al Proyecto de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado Rural, cuya aprobación implicaría, al menos en términos legales, la obligación en cabeza de los hacendados de pagar los salarios y beneficios sociales respectivos.
Según la CIDH, esta problemática está estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia de tierra y la distribución de la misma en las regiones afectadas. Por ejemplo, en la región de Huacareta del departamento de Chuquisaca, las familias de los patrones detentan la propiedad de grandes extensiones de tierra en contraste con las familias guaraníes que no tienen ni una hectárea de tierra en propiedad.
La Comisión observó con preocupación la precaria situación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en cuanto al acceso a la tierra y a los territorios que les pertenecen por su uso u ocupación ancestral, en el caso de los primeros; o en virtud de su trabajo con la tierra, en el caso de las segundas.
Como referencia histórica, la Comisión recordó que la reforma agraria de 1953 fue implementada únicamente en la región andina, mientras que en el oriente la hacienda tradicional fue declarada "inafectable" tanto en su extensión como en su régimen laboral. Esto exacerbó la concentración de los poderes económicos, políticos y sociales en una pequeña elite regional que ha venido negando hasta la actualidad el derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Luego de una fuerte movilización social de diversos sectores rurales, en 1996 se aprobó la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 conocida como la "Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria", mediante la cual se estableció un proceso de saneamiento y titulación de tierras con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente, además de devolver los territorios ancestrales a los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas del país.
La Comisión de la OEA resaltó el generalizado sentimiento de frustración en Bolivia en cuanto a la implementación de esta norma, pues aunque se pretendía sanear el 100% de la tierra hasta 2006, sólo se avanzó en un 13%, debido principalmente a la corrupción de funcionarios del INRA y del Tribunal Agrario Nacional. La burocracia validó documentos de propiedad fraudulentos de los terratenientes; alteró procedimientos de pericias de campo establecidos por ley sustituyéndolos por la recepción de documentos falsos; y obstaculizó la redistribución de tierras a favor de pueblos indígenas y comunidades interesadas.
La Corte Interamericana indicó que al "desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros".
La Asamblea del Pueblo Guaraní y otras organizaciones sociales demandaron el saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen, pero esta iniciativa es resistida violentamente por ganaderos y hacendados en complicidad con autoridades locales como alcaldes, subalcaldes, prefectos, subprefectos, corregidores, jueces, policías y oficiales de registro civil.
Argentina, Más de 300 campesinos y campesinas organizadas en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) marcharon el pasado jueves 3 de abril desde el Km cero de la ciudad de San Rafael de Mendoza hacia los tribunales de dicha ciudad. La manifestación culminó con una asamblea campesina en la Plaza 9 de julio. Los manifestantes se pronunciaron contra el modelo de los agronegocios, contra los desalojos y reclamaron tierra, agua y justicia para todos los campesinos indígenas y trabajadores rurales.
Los discursos de los campesinos dejaban en claro que no representan el campo del que hablan la "entidades del campo". Repetían "no tenemos 4 x 4" "no producimos para exportar ni para llenarnos de plata", "solo queremos vivir dignamente en la tierra, producir para alimentarnos y comercializar en los mercados locales de nuestros pueblos" "La tierra es nuestra vida, nuestra cultura, nuestra identidad, ella nos da la vida y por ella daremos la vida".
También expresaron: El gobierno y la justicia son cómplices de una política agropecuaria que fomenta los agro negocios y empresarios que solo piensan en ganar dinero a costa de nuestras vidas y la vida de la naturaleza. Estos empresarios intentan avanzar sobre nuestros territorios, con papeles truchos (falsos), con la ayuda de policías y jueces corruptos y un gobierno que mira para otro lado.
Nuestras denuncias son cajoneadas por los fiscales y jueces, mientras que las denuncias de los empresarios son rápidamente ejecutadas, en la actualidad tenemos 10 compañeros campesinos procesados por la justicia acusados de delincuentes tan solo por defender su tierra y su comunidad.
La ley de arraigo y las leyes indígenas son letra muerta para el gobierno y la justicia. En nuestras comunidades los caminos son intransitables, la salud y la educación están abandonadas, no hay servicios de agua ni electricidad, ni formas de comunicación, el gobierno solo invierte en servicios para las empresas.
La tierra esta cada vez mas concentrada en pocas manos, el agua de riego es para pocos y cada vez mas empresas extranjeras se apropian de tierra y agua mientras que miles de familias rurales no tienen como producir. Estamos a favor de las retenciones porque eso pone freno a los agro negocios que solo quieren exportar a costa del hambre del pueblo.
En la pampa húmeda sacan vacas para poner soja, y esos animales quieren traerlos para acá, a nuestros campos comunitarios, por eso intentan desalojarnos, por medio del miedo, del abuso de jueces, policías y matones.
Seguiremos luchando para defender la vida campesina indígena, la producción comunitaria, el respeto a la naturaleza, para que la tierra y el agua estén en manos de los que trabajan y viven en el campo. Basta de desalojos! ¡Tierra, Agua y Justicia.
Colombia, No se puede permitir que el gobierno colombiano incite a la violencia contra los indígenas.
En el año de 1572, en la plaza del Cuzco tiene lugar la ejecución del Inca de Vilcabamba Felipe Túpac Amaru, en medio de una multitud de indígenas y no indígenas convocadas por el Virrey Francisco de Toledo Conde de Oropeza para presenciar este crimen. Esto con el fin de frenar la rebelión indígena contra las injusticias impuestas por los invasores.
En 18 de mayo de 1781 en el Cuzco, los conquistadores españoles ordenaron que Tupac Amaru II fuera descuartizado, tirado por cuatro caballos, y decapitado, luego de presenciar el exterminio de su familia.
En el mismo año, en Bolivia, el 14 de noviembre es masacrado Tupac Katari. Amarrado a las sinchas de 4 caballos que no lograron descuartizarlo. Después de arrancarle la lengua, los españoles lo descuartizan.
Estos crímenes de lesa humanidad contra los indígenas, perpetrados hace 500 y hace 300 años, se siguen viviendo en Colombia, porque día a día son amenazados, desaparecidos, torturados, masacrados, asesinados, muchos líderes indígenas, hombres y mujeres, cuyo único delito ha sido defender su derecho a seguir viviendo como indígenas, en su territorio, con su cultura.
A esta historia de terror, hay que añadir un nuevo acontecimiento, protagonizado por las propias autoridades del Estado colombiano. El 15 de marzo de 2008, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un Consejo Comunitario, llevado a cabo en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, en un claro desconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al territorio, y por consiguiente a la propia existencia, califica de delincuentes a quienes adelantan el proceso de liberación de la madre tierra, y como en las más retrógradas historias, de hace más de trescientos años, ordena poner precio a la cabeza de los indígenas.
Dice el presidente Uribe:
"¿Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?" [...]
"¡Ofrezcámoslas¡ eso ha sido muy útil en el país. Dicen: "no, es que están allá, están consolidados, que no los rompen".
Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: "no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro". Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros. [...]"
Señala también:
"Los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General."
En consecuencia, ordena:
"[...] Las autoridades militares y de Policía quedan esta noche autorizadas para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización".
Estas declaraciones, por lo demás indignas del más alto funcionario gubernamental, son una agitación para alentar mucho más las prácticas racistas en contra de los pueblos indígenas. Con este discurso, el presidente Uribe está dando carta blanca a los militares, la rama judicial y a toda la sociedad para que, como antaño, lleguen con la cabellera de un indio o con su cabeza, su pierna, su brazo o su lengua, como muestra de que están haciendo la tarea que el Virrey les ha encomendado. Recordemos que, las autoridades y gran parte de la sociedad colombiana aplaudieron un reciente hecho en el que se paga una recompensa por asesinar a un guerrillero, cercenar su mano y llevarla a las autoridades, legalizando de esa manera la pena de muerte, y la mutilación de cuerpos, contraviniendo el postulado de la Constitución colombiana que reconoce el derecho de todos, sin excepción, a tener un juicio justo.
Si bien, las recompensas han sido útiles para dar con el paradero de autores de delitos atroces, éstas deben tener unos principios y unos límites, porque como lo señala el propio discurso del presidente Uribe, estos mecanismos conducen a la traición, a la deslealtad, a los falsos positivos y montajes; y como ha quedado en evidencia, conducen a la justificación del asesinato, la tortura y el desmembramiento.
Resulta cínico que, en el mismo Consejo comunitario, el presidente señale que la ley es permisiva con los indígenas y por ello se ha perdido el respeto. Pero pasa por alto que la mal llamada ley de justicia y paz premia a los autores de delitos atroces, cuyas penas parecen ser inversamente proporcionales a la gravedad y cantidad de crímenes cometidos. Justamente por la permisividad de esta Ley, los grupos paramilitares se reorganizaron y siguen causando el terror en contra de los colombianos y colombianas.
Es igualmente cínico, que se llame invasores y delincuentes a los indígenas, cuyos territorios han sido y siguen siendo invadidos por terratenientes, monocultivos, megaproyectos, que son favorecidos por grupos criminales como las autodenominadas Águilas Negras o Nueva Generación.
Con estos actos irresponsables, el gobierno Uribe Vélez, hace explícito nuevamente su propósito de frenar el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, a favor de los grandes terratenientes que mantienen la tierra ociosa, o que la destinan a monocultivos u otros proyectos no sostenibles, al igual que lo hizo al impulsar la aprobación de la denominada Ley de Desarrollo Rural.
El pueblo colombiano, que ha padecido la violencia durante casi toda su historia, y el resto de la comunidad internacional no pueden permitir que el gobierno colombiano, incite a la violencia contra los pueblos indígenas. De ser tolerantes con ese discurso, en muy corto tiempo se llegará a la justificación del exterminio total de los pueblos indígenas, el cual avanza a pasos agigantados durante el actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, tal como lo demuestran las cifras de asesinatos, desplazamiento, tortura, y otras violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El mundo ahora cuenta con una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, firmada después de muchos crímenes cometidos en contra de los indígenas de América y de todo el mundo. El presidente Uribe Vélez, no puede sustraerse a esta trágica historia y a la nueva realidad, para devolverse más de quinientos años a ofrecer recompensas para formar su propio apilamiento de cabezas, cabelleras, lenguas, brazos y piernas de indios, cuyo único delito es Liberar la Madre Tierra.
Si la madre de Uribe fuera una indigena, seguro no estaria diciendo esas palabras, pero como no es indigena, pues no le importa, para eso tiene las armas y los dolares que le envia el gobierno de Estados Unidos, y su plan Colombia.
Expertos de la ONU elogiaron el respaldo de la cámara baja del parlamento canadiense a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la cual se opuso en un inicio ese país. Canadá fue uno de los cuatro países, junto a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que votaron el pasado año en contra de la adopción de ese documento, que se venía negociando por más de 20 años en este organismo mundial. En un comunicado divulgado aquí, un grupo de especialistas de derechos humanos de las Naciones Unidas destaca la moción del 8 de abril en la Cámara de los Comunes de Canadá, que pide al Parlamento y el Gobierno implementar la letra de la Declaración. Los expertos dijeron que los principios y estándares de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas serán un beneficioso mapa de ruta para las futuras leyes y políticas de Canadá en relación con los pueblos originarios. El texto, aprobado por la Asamblea General en septiembre pasado, refleja los derechos de unos 370 millones de indígenas en todo el mundo y llama a eliminar las leyes de discriminación contra esas personas. Establece, asimismo, sus derechos a la cultura, identidad, lengua, empleo, salud y educación, entre otros.
Caracas, El realizador venezolano Eduardo Viloria dará fe en la Cinemateca Nacional de cómo benefician las misiones gubernamentales a los pueblos originarios de la etnia wayuu con su documental Waleker: raíz y lucha entretejidas. Viloria presenta en su obra los testimonios de mujeres de esa comunidad indígena de la Guajira venezolana, territorio fronterizo con Colombia al cual llegan los beneficios del proceso político iniciado por el presidente Hugo Chávez. Según un comunicado del Ministerio de Cultura, el filme capta el impacto que tuvo en ese grupo poblacional el programa Madres del Barrio, el cual permite la inclusión de la mujer en las labores productivas y repercute así en la economía del hogar. El cortometraje parte de testimonios, para detenerse en la riqueza de valores como el trabajo colectivo, la solidaridad y hermandad, el apoyo mutuo, la prioridad hacia los más necesitados, la sustentabilidad productiva y la equidad de géneros, refiere la nota.
Brasilia, El Consejo Indígena del norteño estado brasileño de Roraima (CIR) definió su postura sobre la salida de hacendados arroceros de la reserva Raposa Serra do Sol.
El coordinador general del CIR, indio macuxi Dionito José de Souza, dijo que el conflicto de intereses se agravó por las ganancias obtenidas por los agricultores explotando sus tierras ancestrales.
Recordó que cuando los hacendados arroceros ocuparon esas áreas naturales protegidas su primera acción fue prohibir a los indígenas cazar y pescar, que son sus actividades tradicionales de sustento.
Para justificar la medida dijeron que ellos producirían riquezas para todos y lo que hicieron fue enriquecerse con las tierras de los indígenas a quienes nada aportaron, añadió.
Desde que sus reclamos sobre ese territorio ancestral fueron homologados por el Gobierno Federal en 2005, las comunidades autóctonas esperan la salida de las haciendas para recuperar su patrimonio, indicó.
El Estado brasileño reconoció el derecho del pueblo indígena y envio a la Policía Federal (PF) a desalojar a los arroceros, añadió y dijo que ahora la fuerza pública no puede evadir esa responsabilidad.
Consideró que una vez desalojados los terratenientes el gobierno federal debe implantar proyectos de desarrollo sustentable en beneficio de las comunidades de Raposa Serra do Sol.
La reserva ocupa un área de 1,7 millones de hectáreas y está habitada por 18 mil 992 aborígenes de las etnias Macuxi, Ingaricó, Patamona, Wapichana y Taurepang, distribuidos en 194 aldeas, explicó.
No obstante reconoció que una parte de los indígenas, que entró al servicio de los arroceros, participan en los grupos de resistencia creados por los hacendados con sus empleados.
Uno de esos grupos atacó una escuela, quemó un puente de madera y se enfrentó violentamente con la PF, que terminó capturando al cabecilla, el hacendado Paulo Cesar Quartiero.
Quartiero fue liberado horas después por la justicia tras pagar una fianza de 287 dólares y calificó su arresto de frustrada tentativa de intimidación prometiendo luego continuar la resistencia.
El diputado ruralista Marcio Junqueira, del opositor partido Demócrata (DEM), hizo duras críticas a la acción de la PF acusándola de reprimir a las familias de los arroceros.
El parlamentario promueve un documento de la bancada dirigido al ministro de Justicia, Tarso Genro, y al Supremo Tribunal Federal para detener o dilatar la salida de los arroceros de esa región.
Las autoridades federales en Roraima guardan discreto silencio sobre la operación y un funcionario de la PF aclaró que transcurre en absoluto sigilo justificado por razones estratégicas.
Los indígenas paraguayos viven en una situación triste, desoladora, infrahumana y criminal, según resalta una denuncia del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní (ALCG).
Esta es una entidad jurídica, autónoma, con carácter científico-cultural, dedicada a la formación de profesores de lengua guaraní.
Ante la cercanía del Día del Indígena Americano, el próximo 19 de abril, la institución reiteró el apoyo a las reivindicaciones de los aborígenes y solicitó trato justo y vida digna para ellos.
En su comunicado, señaló por inacción al Instituto Nacional del Indígena (INDI), institución creada para precautelar y promocionar los derechos de las comunidades autóctonas.
Desde hace más de un año, un centenar de indígenas resolvieron cercar la sede del INDI para reclamar acceso a la tierra propia y asistencia en materia de salud, educación y trabajo.
Un grupo integrado primero por los miembros de los pueblos Ava Guarani y Ache- Guajaki, y luego por representantes de todas las etnias que habitan en Paraguay, permanece frente al local, a la intemperie, pese al frío y las lluvias, cansado de las falsas promesas hechas por autoridades nacionales, departamentales y municipales.
“Esos reclamos tienen casi 500 años y nunca fueron atendidos por ningún gobierno”, destaca ALCG para recordar la ya escasa población nativa que, según el último censo, se estima en casi 80 mil, menos del 1,5 por ciento de la población.
Existen comunidades en la "línea de la muerte", como los Ache-Guajaki que son cerca de mil; los Guana y los Manjui de apenas 500 personas, y los Chamakoko, los cuales ya no alcanzan las 150 personas, subraya la nota.
Sus únicos cobertores son unos finos y débiles hules puestos a modo de carpas, indica el Ateneo al reseñar la protesta en las calles aledañas al INDI.
Esos hules y algunas frazadas –agrega- fueron las austeras y vergonzosas donaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional ante las lluvias y las bajas temperaturas.
“Niños y adultos recorrían descalzos el sitio ocupado. Pasaron hambre. Sintieron frío. A aquellos a quienes ya no les alcanzó la provisión de hules para carpas, las noches les resultaron peores, pues durmieron -si pudieron- en el piso frío y húmedo, y teniendo como techo el cielo”.
Un año atrás, ALCG alertó que los aborígenes paraguayos vivían en carne propia el desprecio, el menoscabo y la discriminación del Estado.
Justo desde entonces, se mantienen acampados al aire libre y en la calle, solicitando lo mismo y recibiendo el mismo silencio como respuesta.
Muchos murieron en este último año. Otros continúan padeciendo las consecuencias de la política gubernamental de dar rienda suelta a la producción de soja, al uso despiadado e inmisericorde de exageradas y asesinas cantidades de agrotóxicos, destaca ALCG.
La situación es idéntica: comunidades vulnerables, víctimas del racismo, la marginación, la discriminación, la falta de reconocimiento, protección y garantías.
Los ayoreo-totobiegosode, los últimos indígenas no contactados al sur de la cuenca del Amazonas, sufren como consecuencia de las empresas madereras que destrozan su bosque.
En los últimos tiempos, coexisten de forma nómada en el denso bosque de la parte occidental de Paraguay e insisten en la necesidad urgente de agua, pues casi todas las reservas del líquido han sido invadidas por colonos y por su ganado.
Mientras, la pequeña comunidad Parakau Kyha necesita alimentos y asistencia sanitaria.
Instalada a 13 kilómetros de la ciudad de Capiibary, sobre la Ruta 10 Las Residentas, los Kyha insisten en que “no sabemos qué hacer, a nuestros hijos los invaden las plagas”, según rezan en un pedido.
Entretanto, la cúspide política se enfrenta de cara a las elecciones generales del próximo 20 de abril, y no son pocos quienes esperan la llegada de un programa de carácter urgente que coopere en la recuperación de la dignidad de los pueblos indígenas.
FERNANDO LUGO Y LOS INDÍGENAS El candidato que encabeza las encuestas, Fernando Lugo, declaró que de ganar promoverá una reforma agraria integral “en este país, donde hay grandes brechas en la tenencia de la tierra, una distribución escandalosa en la tenencia de la tierra”.
Tras un encuentro con indígenas, destacó la necesidad de una política de Estado en cuanto a este sector.
“Eso nos da la pauta de que los más pequeños, los más excluidos, están pensando en un país diferente, en un país más serio. Quiero revertir los graves desequilibrios sociales que sufre mi país”, declaró en junio pasado.
Soy crítico –dijo- de las recetas que vinieron de afuera y de arriba, como del FMI, el Banco Mundial y el Club de París; creo en aquellas que vienen de adentro y de abajo.
Los pueblos autóctonos esperan también que alguno de sus representantes llegue al fin a ocupar un escaño parlamentario, manera de hacerse sentir con más fuerza y poder en el reclamo de sus postergadas reivindicaciones.
En octubre, el presidenciable de la Alianza Patriótica para el Cambio se reunió con unos 500 líderes de diversas etnias, con quienes habló de los 515 años de resistencia de los pueblos indígenas y sus consiguientes matanzas, masacres, violaciones, expulsiones e invasión de sus tierras, esclavización y marginación.
Las propuestas van a ser tenidas en cuenta en el futuro gobierno, según les prometió el ex obispo, quien celebró que sobrevivan y mantengan sus culturas.
Los líderes señalaron que apoyan plenamente a Lugo porque él les inspira mucha confianza, dijo el vocero de la organización campesina Tekojoja, Joaquín Bonett.
Las esperanzas se abren ahora para Paraguay, una nación que en 2007 clasificó entre las 10 que encabezan las violaciones de derechos indígenas, según un informe de Survival, una organización no gubernamental de defensa de los pueblos originarios.
Indonesia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bostwana, Brasil, Perú y Malasia completan el grupo.
Ecuador, Antiguamente nuestros abuelos caminaban por todo nuestro territorio protegiéndolo en sus límites y enseñándonos los caminos, los ríos y los lugares donde están enterrados nuestros antepasados. El padre puma era el sabio espiritual, adivino y curador que tenía toda la magia que guiaba a nuestro pueblo y nos daba el poder para ser guerreros y vivir en bosque. El poder de los padre pumas defiende nuestro territorio.
El territorio de mi pueblo tenía una extensión de alrededor de dos millones de hectáreas. Desde los años cincuenta las empresas petroleras y las iglesias iniciaron una división, ocupación de las tierras para extraer el petróleo.
Nuestro territorio era uno solo y no conocíamos el dinero y tampoco a las empresas petroleras, como no sabíamos lo que hacían les dejamos entrar. Algunas personas de mi pueblo empezaron a trabajar en las empresas porque ya no tenían territorio donde cazar y pescar, entonces debimos aprender a trabajar en los campamentos petroleros y empezamos a comprar comida y medicinas para curar las nuevas enfermedades.
A mi me contaron que cuando nosotros morimos nos convertimos nuevamente en animales del bosque, en jaguares y anacondas. Y cuando entran las petroleras y las iglesias destruyen todo, acabando con nuestros espíritus y nuestros ancestros, cambiando nuestra cultura y tradiciones.
Yo tenía un año cuando los misioneros evangélicos llevaron a mi familia a vivir al protectorado donde habían reducido a casi todo mi pueblo. La mayoría mi familia murió cuando llegamos al protectorado porque no teníamos vacunas para las nuevas enfermedades que nos habían contagiado los religiosos.
Desde que llegaron los misioneros trataron de acabar con nuestras creencias, y nuestras tradiciones casi desaparecieron. Luego las empresas petroleras ingresaron a nuestras tierras contaminando y destruyendo la tierra. Los viejos fueron obligados a olvidar sus poderes y los jóvenes aprendieron a ser empleados de las empresas que los utilizan como guías y peones.
Desde entonces es que mi pueblo viene sufriendo la presencia de invasores y extraños que nos han conducido a la desaparición de nuestra cultura y nuestro territorio. Cuando nos dimos cuenta, nuestras tierras estaban ocupadas y las familias divididas, entonces tratamos de recuperar nuestro territorio para volver a vivir como nos enseñaron nuestros abuelos.
Sus ofrecimientos, mentiras y convenios ilegales han logrado dividir nuestro territorio con sus carreteras y acuerdos firmados con otros miembros de mi pueblo que tienen necesidades para curar sus enfermedades y comprar alimentos.
Desde que nos dijeron que somos ecuatorianos hemos tratado de compartir los recursos con todo el Ecuador, pero no hemos sido beneficiados de esta explotación, no se han hecho políticas que nos respeten como nacionalidad indígena.
Actualmente existen siete empresas petroleras que contaminan y destruyen el bosque en el que vivimos. Además estas compañías dividen a las familias y causan enemistades entre hermanos, debido a las nuevas necesidades que se han creado. Las empresas no cumplen con los ofrecimientos que hacen, llevan militares a nuestras comunidades para vigilar los pozos y campamentos. Por las carreteras petroleras entran madereros ilegales que sacan madera de nuestro territorio.
La empresa Petrobel, opera en el campo Tiwino y ha provocado derrames de petróleo. La compañía Perenco construyó una nueva carretera, esta perforando nuevos pozos y explotando petróleo en nuestras comunidades sin informar a nuestra organización sobre sus actividades. Repsol YPF utiliza la carretera que construyó la empresa Maxus dentro del Parque Nacional Yasuní y está explotando petróleo desde hace diez años; tiene un convenio con nuestra organización que ha creado mucha dependencia de las comunidades a la empresa, el año pasado las comunidades que viven cerca a la Repsol hicieron un paro que fue duramente reprimido por policías y militares.
La empresa brasileña Petrobras quiere reiniciar los trabajos de explotación de petróleo en nuestro territorio y por eso pedimos nuevamente al Presidente Rafael Correa que no se entregue la licencia ambiental para ingresar al Bloque 31.
Para nosotros es muy importante que se respete en su totalidad el territorio ancestral donde viven y sueñan los pueblos Tagaeri-Taromenane, que nadie ingrese a sus tierras ni roben sus recursos, que el Estado garantice que ellos puedan vivir en paz, con sus tradiciones, creencias y costumbres como siempre lo han echo. Que no les invadan las compañías petroleras, turistas, científicas, madereras, religiosos, Ong's de conservación, etc. Para nosotros nuestros hermanos son el último pueblo libre en la selva y pedimos al gobierno ecuatoriano que se solidarice con nuestro sentir y que respete a los pueblos Tagaeri y Taromenane.
Tengo muchas historias e ideas que contarles pero este espacio es muy pequeño para la larga historia de mi pueblo. Pero nosotros seguiremos viviendo en el bosque y no nos dejaremos callar. Mis abuelos eran fuertes guerreros que no dejaron entrar a los extraños, pero ahora yo soy amigo de otros pueblos y quiero que luchemos juntos para proteger mi territorio y el de mis hermanos Tagaeri y Taromenane que viven en libertad y sin contacto con esta civilización.
Atentamente, Moi Enomenga
"La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU ha faltado el respeto a los pueblos originarios de Perú y Bolivia que consumen la hoja desde tiempos inmemoriales" , dijo la legisladora del Partido Nacionalista.
El organismo de las Naciones Unidas presentó hoy en Bogotá su informe anual 2007 en donde exhorta a los Gobiernos de Bolivia y Perú a que adopten medidas sin demora para abolir los usos de la hoja de coca, incluida la práctica de masticarla". Para la JIFE la masticación de la hoja de coca tendría un impacto en el aumento de la drogadicción, especialmente entre los jóvenes.
En respuesta a estas polémicas observaciones del organismo de la ONU, la congresista Sumire dijo que desconoce ancestrales costumbres de las comunidades campesinas con respecto al uso de la hoja de coca para fines medicinales, en sus labores agrícolas y en sus prácticas ceremoniales. La utilización de la hoja de coca es anterior a cualquier distorsión que se registra hoy en la sociedad actual, afirmó.
Sobre el uso industrial dijo que en Perú y Bolivia la hoja de coca es usada ampliamente como infusión y también en la producción de galletas, dentífricos y con fines medicinales. Si se afirma que la hoja induce a la drogadicción también habría que prohibir la venta de la uva o la caña de azúcar pues supuestamente inducirían al alcoholismo, puntualizó.
Para los pueblos originarios, agregó, la coca es la hoja sagrada y forma parte de su identidad cultural. Es usada en las ceremonias ancestrales, en los bautizos y en las labores agrícolas, y por eso el pedido de la JIFE merece nuestro total rechazo, concluyó
Morales sostiene que "Bolivia no acepta certificaciones unilaterales, ni imposiciones de gobiernos extranjeros, por lo que me permito expresar a nombre de mi Gobierno mi más contundente rechazo al informe de la JIFE por carecer de bases para emitir las recomendaciones" .
El martes 4 de marzo, la JIFE hizo conocer un documento en el que insta a Perú y Bolivia a erradicar de sus tradiciones el mate de coca y el "pijcheo" y critica la política del Gobierno de Morales hacia el arbusto. Inmediatamente, los gobiernos de ambos países se pronunciaron para rechazar la propuesta.
Los productores de la hoja también se manifestaron en contra de la decisión, anunciaron medidas de presión ante la ONU, y amenazaron con tomar la planta de Coca Cola en El Alto, ya que esa bebida se elabora en base al arbusto. El lunes realizarán una Jornada Nacional de Akulliku, a la que esperan que asista Morales.
Argumentos. En la carta, el Gobierno recuerda los convenios internacionales en los que se respalda el libre accionar de los pueblos indígenas y el respeto a sus tradiciones. Menciona, además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en la que se respalda a estas culturas, y la reserva hecha por Bolivia cuando ratificó la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en la que además de explicar el uso y beneficios de la coca, se añade que algunas disposiciones de esta organización son inaplicables en Bolivia, ya que gran parte de la población usa la hoja y no puede ser calificada como criminal.
Morales dijo que esta decisión "atenta" contra los pueblos indígenas de la región andina, contraviene la Declaración de los Derechos Humanos y la resolución de la ONU de 1988 que reconoció el consumo tradicional de la coca, e instó a esta junta hacer las mismas recomendaciones para abolir el consumo de tabaco y alcohol en el mundo.
Marlon Santi, Presidente de la CONAIE , dijo que de no aceptarse la propuesta de la construcción de un Estado Plurinacional estará negándose la participación del movimiento y de todos los sectores, en los procesos de transformación que vive el Ecuador, afectando de esta forma el futuro de nuestro Ecuador solidó y diverso.
Alberto Acosta, junto con otros Asambleístas y representantes del gobierno acogieron positivamente el mandato de los pueblos, ante lo cual recalcó que esto permite seguir fortaleciendo a la Asamblea que ya se encuentran discutiendo la nueva constitución, bajo los principio del Sumak Kawsay que es el buen vivir, donde el ser humano conviva con la naturaleza, la producción no este solo basado en la explotación del hombre por el hombre.
Después de realizar la entrega del mandato al presidente Acosta, inmediatamente una delegación de 150 personas del movimiento, realizó una reunión con Lenin Moreno, Presidente (e) de la Republica en le Palacio de Carondelet, donde se afirma una ve más que la Plurinacionalidad , no trata de dividir al Estado, si no de que las demandas de la diversidad cultural se debe asumir en términos de instituciones, programas y proyectos de desarrollo que permita fortalecer la gestión local de gobiernos en territorios de las nacionalidades y pueblos.
La delegación que fue integrado por dirigentes de la CONAIE y sus regionales ECUARUNARI, CONFENIAE y CONIAE, así como también autoridades locales del movimiento Pachakutik y de Instituciones Indígenas y miembros de base, expresaron la necesidad de que la atención del gobierno llegue efectivamente a las comunidades, ya que hasta ahora solamente se han limitado a discursos.
La reunión concluyó en mantener mesas de trabajo, para dar ejecución a las demandas y propuestas planteadas por el Movimiento Indígena, entre el Ejecutivo y los representantes de las Nacionalidades y Pueblos.
Brasilia, El uso de indígenas para transportar cocaína y el empleo de la droga en comunidades desatan hoy preocupaciones en la región amazónica brasileña de Tabatinga donde el ejército destruyó el sábado un sembrado de coca y un laboratorio.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonia Brasileña (COIAB) reconoció que aborígenes son utilizados para transportar estupefacientes entre países vecinos pero se opone a penalizar a esas poblaciones amenazadas por narcotraficantes.
El responsable de la COIAB, Jecinaldo Barbosa Cabral, opinó ante la Agencia Brasil que el problema no será resuelto con medidas punitivas, sino con un desarrollo sustentable pues la falta de perspectiva de los jóvenes los hace vulnerables.
El director de Asistencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), Aloysio Guapindaia, consideró que los aborígenes utilizados por el narcotráfico pueden ser sancionados pero con un tratamiento diferenciado sin mezclarlos con otros presos comunes.
El descubrimiento de una plantación de coca y la existencia de indios dependientes de drogas y trabajando para el narcotráfico sirven de alerta para reforzar la presencia del Estado en la región pues la FUNAI carece de estructura para enfrentar el problema, dijo.
El administrador regional de la FUNAI, Davi Félix Cecilio, alertó que la cocaína pone en peligro las 230 comunidades bajo su jurisdicción que agrupa a unos 54 mil indígenas y existen aldeas donde uno de cada cinco jóvenes está viciado o es usado por los narcos.
Por su parte, el cacique Manoel Nery, jefe de la aldea Umariacu del pueblo Tikuna, señaló que cachaca (aguardiente) y cocaína aumentan la violencia entre los jóvenes que ahora se apartan de la familia, se dividen en grupos y se matan en las comunidades.
Ellos beben una mezcla de alcohol con cocaína, huelen pegamentos y gasolina y todo ello provoca efectos inmediatos y cambios en el comportamiento y a partir de ahí no respetan a nadie más, dijo Nery, cuyo hijo fue acuchillado por oponerse a las drogas.
El profesor Nilson Alexandre Ferreira, que imparte clases en la aldea Umariacu 2, aseveró que esta situación repercute en el desempeño de los estudiantes y muchos alumnos dejan de estudiar por la droga, la violencia y otros problemas sociales.
Si queremos salvar a los jóvenes debemos ofrecerles deporte, cultura y oportunidades y es preciso apoyo gubernamental, insistió por Radio Brasil el educador cuya aldea está en la margen brasileña del Rio Solimoes, frente a Perú y a poca distancia de Colombia.
Precisamente, el Gobierno comenzó este miércoles a presentar en el área de Alto Solimoes el Programa Territorios de la Ciudadanía, que abarca un conjunto de acciones sociales específicas para las 60 regiones con menor índice de desarrollo humano del país.
La zona, donde 15 ministerios ejecutarán programas de desarrollo regional, será beneficiada con 22,4 millones de reales (13 millones 575 mil dólares) para apoyar actividades productivas, derechos sociales y mejoramiento de la infraestructura.
Brasilia, La Policía Federal comenzó a investigar en el territorio más occidental de la Amazonia brasileña el consumo de drogas y empleo de indígenas en el narcotráfico, confirmó el delegado de ese cuerpo en la región, Giovani Fontes.
El funcionario federal tuvo en cuenta declaraciones del cacique tikuna de la aldea Umairacu2, Manoel Nery, y del representante de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), Davi Cecílio, junto a otras denuncias divulgadas previamente por la Agencia Brasil.
Es un hecho nuevo que va a ser investigado a fondo, señaló a ese medio Fontes que consideró muy grave el consumo y venta de estupefacientes en las comunidades indígenas.
Añadió que tan pronto confirme esas informaciones procederá a capturar a quienes estén traficando para suministrar drogas a los indígenas en las aldeas.
En tanto el delegado de la Policía Civil en Amazonas, Vinicius Díniz, ya presentó en resultado de las primeras acciones emprendidas en los últimos días para reprimir a las bandas de traficantes que actúan en la región de Alto Solimoes y Tabatinga.
Fue cerca de esa localidad, junto al rio Javari, donde el Ejército y la Policía Civil
descubrieron y destruyeron la semana última una plantación de coca andina y un laboratorio para procesar cocaína.
Según Díniz, en la operación fueron capturadas 10 armas, cocaína, dinero, cinco computadoras y libros con detalles sobre el movimiento del tráfico, que incluyó ventas de lotes de hasta 250 kilogramos de la droga.
El delegado Díniz aseguró a la prensa que en la triple frontera Brasil-Colombia-Perú se reorganizan y concentran grupos en bandas y las mayores liquidan a las más débiles.
Brasilia, Tanto el oficialismo como la oposición brasileña coinciden en demandar más rigor sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) contratadas para atender comunidades indígenas.
Auditorias del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) mostraron que algunas ONG no vienen cumpliendo las obligaciones de los contratos firmados con la Fundación Nacional de Salud (Funasa), el órgano del gobierno que atiende la salud indígena.
El tema centra la atención de dos Comisiones Investigadoras Parlamentarias (CPI) establecidas por el Congreso, una que analiza la participación de las ONG y otra creada para investigar los problemas alimentarios de las comunidades indígenas.
Un total de 52 ONGs han firmado convenios y reciben fondos del Estado para atender a los 470 mil indígenas existentes en Brasil, pero en 2007 hubo que cancelar los acuerdos con 31 de esas entidades por no cumplir compromisos y fallas en las cuentas.
Se investigan casos de sobrefacturamiento y desvios de recursos y el TCU confirmó que del total de fondos repasados a las ONG infractoras apenas el 25 por ciento se utilizaba en cuidar a los indígenas, pues el resto era para salarios, alquileres, dietas y compras.
El presidente de la FUNASA, Danilo Fortes, consideró que debe cambiarse la concepción impuesta desde el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso que con el argumento del "Estado mínimo" decidió usar sólo ONG y Universidades para atender a los indígenas.
El actual gobierno ha mantenido esa línea de contrataciones y dispuesto de más recursos para la FUNASA, pero a diferencia del anterior intenta hacer más rigurosas las reglas para que puedan ser contratadas entidades privadas o sociales, como se les llama.
El ministro de Planificación, Paulo Bernardo, ha anunciado que se hace un esfuerzo para poner esas reglas en práctica antes de julio próximo y explica que las dificultades existentes se deben a falta de estructura para fiscalizar a esas ONGs.
La FUNASA es un órgano ejecutivo del Ministerio de Salud ocupado en la promoción y protección de la salud de los pueblos indígenas y constituye una de las instituciones del Gobierno Federal responsable en promover en ellas inclusión social.
A través de la FUNASA debe trabajarse en la prevención y control de las enfermedades y brotes epidémicos en las áreas indígenas, la reducción de la mortalidad infantil, la preservación ecológica del habitad y los problemas nutricionales de las comunidades.
México, Centenares de indígenas de México, Estados Unidos y Canadá participaron aquí en una ceremonia durante la cual danzaron pidiendo perdón a la Madre Tierra por la contaminación ambiental y pronunciándose por eliminarla.
La original actividad formó parte de la recién terminada Reunión de Pueblos Indígenas para Curar a Nuestra Madre Tierra que se llevó a cabo junto a los templos maya de Chiapas, según informó la prensa.
Los chamanes de las culturas maya y nahuatl participaron en los rituales donde se entonaron canciones y se elevaron plegarias para pedir la paz y el perdón.
Nuestra tierra está siendo contaminada a un ritmo alarmante y nuestros ancianos dicen que está muriendo, fueron palabras de Raymond Sensneler, líder de la tribu Tlingit de Yakutat, Alaska, al intervenir en el evento.
Brasilia, Policías militares del estado de Amazonia desalojaron violentamente a unos 200 Sin Techo entre los cuales había 105 indígenas de siete étnias.
El incidente, ocurrido en Lagoa Azul, en el kilómetro 11 de la Autopista estadual AM-010, fue reportado gráficamente por la TV-Globo y varios medios electrónicos.
La tropa armada cargó con cascos, escudos y bastones y utilizó gases contra los indígenas que respondieron con flechas y piedras con saldo de varios heridos y 12 detenidos.
El terreno disputado por un privado en Lagoa Azul fue sancionado a favor de éste por un tribunal de Amazonas que determinó el desalojo policial, según se explicó.
Otro incidente similar pudo haber ocurrido hace dos semanas en otra localidad pero en aquella oportunidad la policía conversó y los Sin Techo abandonaron pacíficamente el lugar.
En esta ocasión los Sin Techo fueron cercados por la fuerza policial lo que generó resistencia por parte de los indígenas, entre los que habían mujeres y niños.
Las fuerzas policiales destruyeron las precarias viviendas con un tractor durante la operación, indicaron los reportes.
El cacique Luiz Sateré, de la étnia seteré-mawé, aseguró que denunciará los excesos de la policía militar en todas las instancias.
"Golpearon a una grávida y dieron culatazos a nuestros guerreros porque intentaban defenderse", aseguró a la prensa.
Añadió que los uniformados actuaron con truculencia pues ni siquiera mostraron el mandato judicial a los desalojados.
Recordó que ese territorio ahora reclamado por un privado era indígena, sólo que a los aborígenes nunca les dieron documentos para autentificar su propiedad.
 En reunión efectuada por la Ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Titina Azuaje, conjuntamente con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y la comunidad indígena Kanaimó, se dio a conocer el plan de recuperación del Campamento Canaima, e |