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Guatemala, Representantes de diversos sectores guatemaltecos expresan su preocupación por la denuncia del presidente de la República, Álvaro Colom, sobre el espionaje con micrófonos y cámaras a su residencia y oficinas de trabajo.

“La intervención telefónica es una medida que invade la privacidad de una persona y resulta más grave si es al mismo presidente por los temas y decisiones que maneja”, dijo Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia.

El propio Colom denunció en conferencia de prensa el hallazgo en la casa presidencial de siete aparatos de grabación y dos cámaras ocultas, en tanto que objetos similares se encontraron en su oficina privada, colocados en lámparas y ventanas.

Tras el escándalo Colom anunció la renuncia del titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Carlos Quintanilla, así como de Gustavo Solano, jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico.

“También declaro la guerra a todos los que escuchan llamadas, a todos los servicios de inteligencia privados que no sean legales, porque aquí en Guatemala el orden y la ley se tienen que cumplir”, dijo.

Helen Marck, directora de la Fundación Mirna Mack, considera oportuno que se presente una normativa para prohibir las escuchas telefónicas privadas.

De acuerdo con la activista humanitaria, desde la época del conflicto armado interno esa fue una práctica común de la inteligencia militar.

Mario Mérida, analista independiente, opina que el espionaje contra el mandatario constituye un riesgo para la gobernabilidad y recomendó al Ejecutivo iniciar una investigación exhaustiva a fin de determinar su procedencia.

“A quienes defendemos el proceso democrático nos resulta preocupante que sucedan cosas así”, manifestó, por su parte, Arístides Crespo, presidente del Congreso.

El primer mandatario decidió mantener cerrada la casa presidencial para realizar una revisión completa y advirtió que no permitirá que alguien ponga en peligro la seguridad de los miembros de su gabinete, ni de su familia.