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Brasilia, El ministerio brasileño de Justicia y la Fiscalía se pronunciaron por juzgar a los torturadores del régimen militar (1964-1985) y recordaron que la Ley de Amnistía no puede ser usada hoy para perdonar violaciones de los derechos humanos.

Esa postura quedó plasmada al ser presentada en Sao Paulo una acción civil del Ministerio Público Federal (Fiscalía) contra los ex militares Carlos Alberto Brilhante Ustra y Audir Santos Maciel por crímenes cometidos durante la dictadura.

Ustra y Maciel comandaron de 1970 a 1976 el llamado Destacamento de Información del Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI) que interrogó a siete mil personas de las cuales 64 perecieron o fueron desaparecidas.

Con este proceso, la Fiscalía se propone obligar a esos sujetos a reembolsar a la Unión indemnizaciones dispuestas para las víctimas, esclarecer su papel en ese centro y develar las circunstancias en que ocurrieron torturas, homicidios y prisiones ilegales.

La acción de los seis procuradores participantes en este proceso se basa en la Constitución de la República y el derecho internacional y recuerda que la impunidad de los violadores de derechos humanos no permite reconciliar a la sociedad.

La Ley de Amnistía se cumple porque de ser condenados esos sujetos no irían a la cárcel por haber sido sometidos a un proceso civil, pero sí quedaría confirmada su responsabilidad en actos violatorios de derechos humanos.

El ministro de Justicia, Tarso Genro, se pronunció a favor del juzgamiento porque la tortura no puede ser considerada un crimen político y sólo después de una condena los infractores pueden ser amnistiados.

Genro recordó que mantener silencio por tiempo indeterminado de acciones de la dictadura militar es antidemocrático y no sirve al Estado de derecho y por ello coordinó con el ministro de Defensa, Nelson Jobim, el exámen de esos documentos.

Las declaraciones de Genro, que coinciden con la presentación del proceso contra los torturadores, transcurrieron en Río de Janeiro, mientras firmaba una resolución que creó el Memorial de la Amnistía Política en la sede de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).