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Guatemala, La adopción de niños se ha convertido en la figura legal para disfrazar la venta y tráfico de niños en Guatemala, un jugoso negocio que involucra a notarios públicos, madres y familiares de políticos en este país agobiado por la pobreza.

La nueva legislación no ha frenado el tráfico ilegal de niños guatemaltecos, persisten las prácticas de corrupción para consumar las adopciones, admitió el Gobierno.

El procurador general, Baudilio Portillo Merlos, señaló que "para erradicar en su totalidad estas anomalías se acordó la confrontación del menor con las madres biológicas, así como con los notarios en dos mil 286 casos.

El funcionario destacó que "fueron citados 50 notarios para confrontar a las madres biológicas con los niños en trámite de adopción".

Los resultados de las revisiones de los expedientes se darán a conocer hasta completar los expedientes, indicó.

El diario Siglo Veintiuno reveló este viernes que existen numerosas artimañas para concretar las adopciones ilegales de niños guatemaltecos, en la gran mayoría de los casos ofrecidos a familias extranjeras, que pagan altas cifras en dólares.

Mencionó como ejemplo que en 40 expedientes revisados "los notarios (implicados en las adopciones ilegales) han ofrecido al mismo niño a dos y hasta a ocho parejas interesadas".

"Maquillaje, cabello teñido, cejas depiladas, lunares postizos e incluso lentes de contacto de colores, son algunas de las tretas empleadas por los notarios para ofrecer a un mismo niño a diferentes parejas que han expresado sus intenciones de adoptar a un menor", indicó.

El Congreso Nacional decretó en diciembre pasado una Ley de Adopciones, que creó la entidad denominada Consejo Nacional de Adopciones (CNA), con la autoridad para regular esa figura legal y acabar con las prácticas de corrupción en la materia.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el CNA acordaron suspender, desde el lunes pasado y durante 30 días, los trámites de adopción para verificar que cada uno de los más de dos mil procesos en marcha cumplan con la ley, y descartar las prácticas de corrupción de funcionarios y abogados.

Las irregularidades denunciadas por la prensa este viernes fueron hechas públicas por Elizabeth Hernández, titular del CNA, el ente que desde enero rige dichos procesos en el país.

Según el matutino, la funcionaria dijo que "luego de la revisión de mil expedientes en poder de la PGN se detectaron 40 casos en los cuales figuran varias versiones fotográficas de un menor ofrecido a potenciales padres.

"Un mismo niño tiene abierto ocho expedientes diferentes", dijo Hernández, quien señaló que esta irregularidad fue usada "reincidentemente por los notarios" encargados de concretar la entrega del menor.

Explicó que basándose en que no existía una ley que incluyera como requisito la presentación del menor, los notarios "engañaban a los futuros adoptantes, a quienes durante todo el proceso requerían de dinero para la manutención, control médico, ropa, juguetes y trámites notariales".

"El niño era entregado a quien más pagara por la adopción como tal", agregó.

"Revisamos detenidamente mil registros y sus fotos. Entre éstos encontramos 40 casos duplicados, triplicados y más. El notario tendrá que explicar y la PGN deberá interponer los expedientes a la vista, para que nos digan qué pasó y por qué hay duplicidad de casos de los niños", dijo.

Una fuente de la PGN reveló que al obtenerse el dictamen favorable los notarios exigían más dinero a los adoptantes, es decir que "incrementaban los 35 mil dólares que se habían acordado como el precio estándar. Al final, la pareja que les diera más fondos entre la lista de posibles candidatos, se quedaba con el niño".