La Paz, El gobierno boliviano condenó irregularidades en la consulta autonómica del pasado domingo en la región oriental de Santa Cruz, incluido el arresto de dos personas que intentaban denunciar fraude en esos comicios, estimados ilegales. De acuerdo con el director Jurídico del Ministerio de Justicia, Iván Morales, en ese territorio mantienen en prisión a Romeo Amorín y a Jimena Mamani, quienes el pasado 4 de mayo mostraron a la prensa internacional boletas marcadas anticipadamente a favor de las autonomías. El ejecutivo presentó cargos contra los jueces Aldo Moro y José Fernández, porque se sometieron al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, para enviar a la cárcel a esos ciudadanos, acotó el funcionario. Según Morales, “quienes fueron a acusar el fraude electoral montado por la oligarquía cruceña, ahora son acusados y fueron más allá al enviarlos a la cárcel y rechazar el Hábeas Corpus presentado por el abogado de la defensa”. Asimismo precisó que los fiscales y los jueces se parcializaron, no actuaron de acuerdo con las normas jurídicas y se subordinaron al prefecto Costas, acérrimo opositor al gobierno de Evo Morales. Por su parte, Amorín denunció la víspera que fue amenazado de muerte y que teme por su vida y la de su familia. En contacto con radio Santa Cruz, el detenido negó que haya protagonizado un robo de boletas electorales, como argumentan sus acusadores. Las autoridades cruceñas, dijo, manipularon esa denuncia y la convirtieron en acusación contra quienes corroboraron fraude electoral en la comunidad pobre, denominada Plan Tres Mil.
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