De esos cuatro millones, 320,000 fueron nuevos desplazados, según las cifras expuestas por el IDMC, dependiente de la ONG Consejo Noruego de Refugiados, la principal organización que supervisa la situación de estas personas y que cuenta con el auspicio de ACNUR, la alta comisaría de la ONU para los Refugiados.
La cifra de 4 millones se basa en las estimaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES), y difiere un tanto de los cálculos del gobierno, que sitúa el número de desplazados en 2.38 millones en enero de 2008.
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"Pero el propio gobierno reconoce que hay un 30 por ciento de subregistro de desplazados", dijo Arild Birkenes, autor del capítulo latinoamericano del informe.
Colombia fue en 2007 el único país de América con un creciente problema de desplazamiento interno, y la población desplazada siguió sufriendo una crisis de falta de protección, afirma el informe.
Culpan a paramilitares
"En Colombia se da una contradicción. El país tiene una de las legislaciones más avanzadas en favor de los desplazados y de respeto a los principios internacionales, pero se da una falta de aplicación de esa legislación", dijo la secretaria general del Consejo Noruego de los Refugiados, Elisabeth Rasmusson.
El informe constata que el conflicto interno de Colombia ha forzado a una media de 200,000 personas a huir de sus casas cada año en los últimos veinte años, cifra que se elevó a 320,000 en 2007.
Agrega que "los paramilitares, con estrechos vínculos con el Ejército, han sido los responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos y de los desplazamientos".
"Los desplazados internos eran en 2007 frecuentemente identificados como simpatizantes de la guerrilla y tratados de acuerdo a ello por las autoridades o grupos paramilitares", añade el texto.
El temor a ser tachados de simpatizantes de la guerrilla es una de las razones por las que muchas personas no se registran como desplazados, así como la falta de confianza en las instituciones gubernamentales, señala también el informe.
Y se constata además que muchos de los desplazamientos provocados por grupos armados paramilitares estaban subordinados a intereses económicos de compañías privadas, como fue el caso denunciado en diciembre de 2007 por la Fiscalía colombiana de una alianza de empresas de palma africana que pretendía liberar terreno para cultivar este producto y producir biocombustible.
El informe sitúa desplazados en otros tres países de América Latina: unos 150,000 en Perú -procedentes del conflicto entre el gobierno y los grupos de extrema izquierda y que todavía no han retornado a sus hogares- 5.500 en México -afectados por la revuelta zapatista- y un "número indeterminado" en Guatemala.
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