BOLETIN INFORMATIVO

Brasilia, El Consejo Indígena del norteño estado brasileño de Roraima (CIR) definió su postura sobre la salida de hacendados arroceros de la reserva Raposa Serra do Sol.

El coordinador general del CIR, indio macuxi Dionito José de Souza, dijo que el conflicto de intereses se agravó por las ganancias obtenidas por los agricultores explotando sus tierras ancestrales.

Recordó que cuando los hacendados arroceros ocuparon esas áreas naturales protegidas su primera acción fue prohibir a los indígenas cazar y pescar, que son sus actividades tradicionales de sustento.

Para justificar la medida dijeron que ellos producirían riquezas para todos y lo que hicieron fue enriquecerse con las tierras de los indígenas a quienes nada aportaron, añadió.

Desde que sus reclamos sobre ese territorio ancestral fueron homologados por el Gobierno Federal en 2005, las comunidades autóctonas esperan la salida de las haciendas para recuperar su patrimonio, indicó.

El Estado brasileño reconoció el derecho del pueblo indígena y envio a la Policía Federal (PF) a desalojar a los arroceros, añadió y dijo que ahora la fuerza pública no puede evadir esa responsabilidad.

Consideró que una vez desalojados los terratenientes el gobierno federal debe implantar proyectos de desarrollo sustentable en beneficio de las comunidades de Raposa Serra do Sol.

La reserva ocupa un área de 1,7 millones de hectáreas y está habitada por 18 mil 992 aborígenes de las etnias Macuxi, Ingaricó, Patamona, Wapichana y Taurepang, distribuidos en 194 aldeas, explicó.

No obstante reconoció que una parte de los indígenas, que entró al servicio de los arroceros, participan en los grupos de resistencia creados por los hacendados con sus empleados.

Uno de esos grupos atacó una escuela, quemó un puente de madera y se enfrentó violentamente con la PF, que terminó capturando al cabecilla, el hacendado Paulo Cesar Quartiero.

Quartiero fue liberado horas después por la justicia tras pagar una fianza de 287 dólares y calificó su arresto de frustrada tentativa de intimidación prometiendo luego continuar la resistencia.

El diputado ruralista Marcio Junqueira, del opositor partido Demócrata (DEM), hizo duras críticas a la acción de la PF acusándola de reprimir a las familias de los arroceros.

El parlamentario promueve un documento de la bancada dirigido al ministro de Justicia, Tarso Genro, y al Supremo Tribunal Federal para detener o dilatar la salida de los arroceros de esa región.

Las autoridades federales en Roraima guardan discreto silencio sobre la operación y un funcionario de la PF aclaró que transcurre en absoluto sigilo justificado por razones estratégicas.