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México vibra con sus emigrantes en medio de una de las peorres olas de represión contra ellos, incluyendo deportaciones masivas, de las que ha materializado en mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos.

Las cifras oficiales del Instituto de Mexicanos en el Exterior, entidad apoyada por el gobierno local, señalaron que, al terminar 2007, las autoridades estadounidenses habrán expulsado hacia México a un millón de sus nacionales llegados allí en busca de trabajo.

Las noticias sobre la crisis actual fluyen aquí por diversas vías, pues en esta capital coincidieron representantes de numerosas organizaciones de emigrantes residentes en Estados Unidos y de otras humanitarias cuya función principal es salvar vidas.

El escenario de las denuncias es múltiple, pues se plantearon en el Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos, en el escenario del Congreso de la Unión, con participación de diputados y senadores, pero también de testigos excepcionales de los atropellos.

En el hemiciclo legislativo se denunció que existen virtuales campos de concentración en algunos estados del país vecino donde se recluye a mexicanos por tiempo indeterminado sin llevarlos a tribunales y a pesar de tener décadas trabajando en aquella nación.

Agentes de distintos organismos de Estados Unidos invaden en la noche residencias de indocumentados a los cuales se esposa aún delante de sus hijos menores para llevarlos directamente a la frontera y deportarlos, incluso dejando atrás a sus niños.

Una organización humanitaria llamada Angeles de la Frontera relató a Prensa Latina el trabajo de sus miembros, quienes llevan agua y alimentos al desierto fronterizo para evitar se incremente la terrorífica cifra de 10 mil muertos registrada allí desde 1986.

Los dramáticos testimonios de su fundador, Enrique Morones, hablan de niños muertos por falta de agua o de hijos fallecidos en brazos de sus madres al no resistir el calcinante sol y tratar de escapar de la temida policía fronteriza estadounidense.

La unanimidad en la denuncia también está en las palabras de Elvira Arellano, un símbolo de la lucha de los emigrantes, expulsada de Estados Unidos tras muchos años allí y separada de sus hijos, quien por segunda vez se declaró en huelga de hambre como protesta.

Ella relató que, en la ofensiva contra los indocumentados, se prohibe a los norteamericanos alquilarle viviendas, quienes les dan trabajo pueden perder sus negocios y los criminalizan llevándolos a prisión en muchas ocasiones.

Pero hasta quienes discrepan de la forma de organización del Parlamento se expresaron a las puertas de la Cámara de Diputados y el Frente de Mexicanos en el Exterior, con su coordinador Al López al frente, condenó a viva voz los atropellos del gobierno de George W. Bush.

En un afán por enfrentar la avalancha de deportados a quienes la policía fronteriza norteamericana conduce incluso a estados lejos de su lugar de origen, el gobierno de México está inaugurando centros de atención en distintas ciudades.

Sin embargo, lo masivo de las deportaciones amenaza con rebasar las posibilidades oficiales y constituye además la expresión de lo que toda la sociedad mexicana califica de violación de los derechos humanos por parte de Washington.