BOLETIN INFORMATIVO

Caracas, La solidez financiera del estado venezolano encuentra hoy espacio en el proyecto de reforma constitucional, promovido por el presidente de la República, Hugo Chávez, con vistas a avanzar en la construcción de un modelo socialista.

La iniciativa de cambios a 33 de los artículos de la Carta Magna coloca al estado como el encargado de "promover y defender la estabilidad económica y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social".

Asimismo, deberá velar por la "armonización de la política fiscal con la política monetaria, para el logro de los objetivos macroeconómicos", con lo cual la autonomía del Banco Central (BCV) en esa materia y se deja la máxima responsabilidad en manos del ejecutivo.

El proyecto otorga además a esa última instancia una mayor presencia en materia de estrategias monetarias, al reflejar que "en estricta y obligatoria coordinación" con el ente emisor "fijarán las políticas monetarias y ejercerán las competencias monetarias del Poder Nacional".

De igual manera, se define el objetivo específico del BCV, el cual contempla -de conjunto con el estado- lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.

Por otra parte, la propuesta de Chávez coloca a la institución "sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes y sus funciones estarán supeditadas a la política económica general".

Respecto a la administración de las reservas internacionales, será el jefe de estado quien establezca en coordinación con el BCV al cierre del año el nivel óptimo para las necesidades de la economía.

En el caso de los excedentes, se orientarán a fondos para la inversión productiva, desarrollo, financiamiento de las misiones y proyectos de infraestructura, entre otros destinos.

Con ese paso, el gobierno asume un mayor control sobre las existencias de capitales y orienta su mejor empleo a favor del pueblo, en lugar de impulsar las tradicionales acciones de colocación en los bancos de países industrializados.

En tal sentido, la iniciativa constitucional fortalece la posición financiera del ejecutivo y crea condiciones para dinamizar cualquier esfuerzo a favor del crecimiento económico y bienestar social.