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La Paz, El gobierno boliviano presentó esta semana contundentes denuncias contra grupos opositores, a los que responsabilizó de actos violentos en la sureña ciudad de Sucre destinados a obstaculizar la Asamblea Constituyente.

Según el ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada, la demanda de concentrar los poderes ejecutivo y legislativo en esa urbe, sede del foro, es apenas un pretexto que arguyen los adversarios del cambio para desestabilizar al país

También presentó pruebas que demuestran la presencia en actos violentos y agresiones física a delegados de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, de carácter extremista.

Rada explicó a Prensa Latina que el paro anunciado en seis departamentos para el martes 28 de agosto próximo por el llamado Comité Interinstitucional también tiene fines políticos e intenta desacreditar al gobierno de Evo Morales.

Otro argumento, que también estimó ilegítimo, es la defensa de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que la cámara de diputados decidió por mayoría enjuiciar, luego de una acusación por prevaricato hecha por el ejecutivo en mayo pasado.

El alto funcionario recordó que tres de esos letrados fueron elegidos el 3 de octubre de 2003, días antes de la represión militar que ordenó el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, con saldo de 67 muertos y decenas de heridos.

"El pueblo será quien diga la última palabra de todas estas maniobras que sin dudas pretenden desacreditar al gobierno central, sembrar el caos y dividir a los bolivianos", remarcó.

"Esas medidas de presión están lejos de ser un éxito ", vaticinó.

De acuerdo con su apreciación, si no puede ser ahora será más adelante, pero el proceso de la Asamblea Constituyente, como escenario democrático para constituir un nuevo Estado boliviano sin exclusiones, se mantiene vigente.

Las maniobras de la oposición son rechazadas por organizaciones como la Central Indígena de Pueblos Originarios del Oriente, la Central Etnica de Pueblos del Oriente Boliviano y la Federación de Campesinos de Santa Cruz, cuyos dirigentes afirmaron que no permitirán la división de Bolivia.

Los movimientos populares convocaron para el próximo 10 de septiembre una Cumbre Cultural-Social en Sucre para defender la Asamblea Constituyente.

En la cnvocatoria se señala que los protagonistas del cambio en Bolivia y sus principales beneficiados no permitirán que grupos oligárquicos dividan a la nación andina.