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México, Organizaciones y personalidades mexicanas demandan hoy al gobierno de Estados Unidos que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales aplique justicia contra el connotado terrorista Luis Posada Carriles.

Víctor Flores, Pablo Romo, Carlos Fazio, Gilberto López y Héctor Díaz-Polanco, entre otros, consideran que la forma en que se ha tratado el caso revela la doble moral de Washington en su guerra contra el terrorismo.

Los intelectuales coinciden en que, escudado en su campaña bélica contra el terrorismo, el actual gobierno estadounidense tortura, secuestra y bombardea a otras naciones, mientras en su propio patio excarcela a un criminal con maniobras pseudolegales.

Como otras personalidades del mundo, los mexicanos suscribieron un manifiesto que demanda la aplicación de justicia contra el citado terrorista, quien en 1976 organizó un sabotaje contra una aeronave cubana en pleno vuelo en el que murieron 73 personas.

El documento, al que ya se han sumado dos mil 198 firmas a nivel global, fue suscrito aquí también por el Comité de Apoyo a Cuba Ernesto Guevara y Tampico-Madero Va Por Cuba, integrado por cientos de simpatizantes con la Revolución cubana.

Los grupos de solidaridad con la mayor de las Antillas rechazaron la puesta en libertad bajo fianza de Posada Carriles, que ahora espera en Miami un juicio previsto para mayo por su entrada ilegal a Estados Unidos en 2005.

Refieren que el gobierno norteamericano, presionado por grupos extremistas cubanos de La Florida, desconoció el reclamo de extraditar a Venezuela a Posada Carriles por sus acciones terroristas, con lo que incumple tratados internacionales.

En ese sentido, contrastan el trato conferido a ese criminal con el que reciben cinco jóvenes cubanos que actualmente enfrentan severas penas en cárceles estadounidenses por luchar contra el terrorismo, sometidos a crueles y discriminatorias prácticas.

Cuba condenó este viernes la liberación del terrorista y acusó al gobierno de George W. Bush de ignorar el clamor mundial contra esa decisión, la cual considera un insulto cruel, desvergonzado e infame contra las víctimas de sus crímenes.

El gobierno de La Habana sostiene que la Casa Blanca busca comprar el silencio del terrorista por los desmanes que cometió en América Latina al servicio de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).