
México, La Secretaría de Gobernación de México recibió hoy el informe sobre las violaciones a las garantías en Oaxaca, entre ellas 23 homicidios impunes durante el conflicto político social, que dura ya más de ocho meses.
Tales faltas están recogidas en el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIOHD) ante las cuales las autoridades federales se comprometieron a analizar e investigar a quienes estén involucrados en esos actos.
Conformado en su mayoría por observadores europeos, el grupo de trabajo entregó el resultado de las pesquisas realizadas en Oaxaca durante diciembre y enero últimos, las que recogen testimonios de todos los implicados en el conflicto.
A tales efectos fueron entrevistados dirigentes e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), autoridades estatales, detenidos, defensores de los derechos humanos, organismos y personas contrarias al movimiento social.
Según los datos recogidos, durante los violentos enfrentamientos en ese estado mexicano se vulneraron los derechos a la vida, a la libertad de expresión, de informar y ser informado, torturas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones.
La organización no gubernamental investigadora logró documentar 23 muertes, cifra significativa del nivel de violencia y de la magnitud de la represión ejercida por administración local de forma cubierta o encubierta.
El organismo subrayó en su informe que pese a las obligaciones internacionales del Estado mexicano se constató la violación de las garantía a la vida mediante la muerte de numerosas personas, delito que no ha sido sancionado.
Ello, subrayó, constituye una vulneración del deber de proteger a los ciudadanos, y por tanto, fomenta y fortalece la impunidad, impropia de un estado democrático de derecho, pues la garantía a la libertad personal se vio quebrantada.
Al respecto, la Comisión advierte la necesidad de investigar la actuación de las secretarías de Seguridad Pública estatal y federal, de las procuradurías General de la República y local, de Gobernación de Oaxaca y la Policía Federal Preventiva.
También recomendó atender las causas originales del conflicto, cuyas raíces se hallan en la pobreza, el caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la salud y educación y la ausencia de una reforma profunda del Estado.
Asimismo ponderó la urgencia de restablecer el orden mediante el diálogo, reparar el daño económico, moral y social a la población y atender sus demandas ante la inminente reactivación de la violencia.
El subsecretario de Gobernación, Abraham González, se comprometió a atender las denuncias y testimonios incluidos en el informe, además de indagar los delitos y actuar en consecuencia, ya que la justicia en Oaxaca ha sido lenta e insuficiente.
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