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Lima, Las sombras de la corrupción dominaron la semana noticiosa en Perú, con al menos tres casos de compras estatales cuestionadas y un famoso ex policía acusado de colaborar con un reo de narcotráfico.

Las adquisiciones, a precios elevados, de 469 patrullas para la policía y de 96 ambulancias para el Ministerio de Salud, focalizaron la atención periodística y pusieron a prueba la capacidad de reacción del presidente Alan García.

Apenas iniciada la semana laboral, el mandatario tomó juramento al nuevo ministro del Interior, Luis Alva, reemplazante de la psiquiatra Pilar Mazzetti, quien renunció cercada por el escándalo de las patrullas, compradas a precios minoristas, pese al volumen de la operación.

Tras revelarse el caso en la prensa, Mazzetti intentó defender la operación pero el gobierno decidió renegociar los precios y dar de baja a los funcionarios de confianza de la ministra, quien se vio precisada a dimitir.

La posición de la ministra se había debilitado por la denuncia de su colega de Salud, Carlos Vallejos, de que 56 ambulancias compradas por ella cuando era titular de ese sector, estaban en malas condiciones.

Esta semana, para asombro general, Vallejos admitió que su Ministerio tenía lista la compra de otras 96 ambulancias a la empresa chilena Gildemeister, la misma proveedora de las patrullas y de las primeras ambulancias.

El ministro anunció que había detenido el proceso, en medio de críticas públicas de García y la prensa, y la licitación fue anulada y ocho altos funcionarios de la cartera de Salud fueron destituidos.

El mandatario consideró que Vallejos -a diferencia de Mazzetti- reaccionó con presteza, congeló la operación y no pagó adelanto alguno. García anunció además medidas para un mejor control de las licitaciones.

El titular de Salud, cuya dimisión exigen parlamentarios ajenos al gobierno, por la analogía entre su caso y el de Mazzetti, deberá comparecer en los próximos días ante dos comisiones parlamentarias investigadoras y el congreso continúa las pesquisas sobre el asunto de las patrullas.

Tras el caso de las ambulancias y sin esperar nuevas revelaciones periodísticas, el ministro de Educación, José Chang, anunció la anulación de una licitación de materiales para la campaña oficial de alfabetización, que consignaba precios elevados.

Al mismo tiempo, Chang destituyó a dos funcionarios responsables de la sospechosa licitación y dijo que esta será investigada.

Otro caso de corrupción fue protagonizado por el ex policía Benedicto Jiménez, quien dirigió una unidad policial que en 1992 capturó al jefe del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Según confirmó la Procuraduría Antidrogas, la computadora del empresario y acusado de narcotráfico Fernando Zevallos tenía archivados mensajes de correo electrónico remitidos por Jiménez, con información sobre dos policías que vigilaban a Zevallos.

El ex oficial negó la acusación y la atribuyó a una eventual burda maniobra de sus enemigos, a tiempo de declararse dispuesto a ser investigado, lo que el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía de la Nación.

Jiménez reconoció sin embargo conocer a Alfredo Ross -cuñado y Zevallos e intermediario de los mensajes-, pues ambos coincidieron en Panamá cuando Ross era embajador de Perú allí y Jiménez agregado policial a la embajada.

El caso motivó contradicciones entre el secretario general del gobernante Partido Aprista, Mauricio Mulder -quien promovió la candidatura fracasada de Jiménez a la alcaldía en las elecciones de noviembre pasado- y el primer ministro, Jorge del Castillo.

Mulder opinó que Jiménez debería renunciar a la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INP) mientras sea investigado, mientras Del Castillo consideró que no es necesaria la dimisión.

Las sombras de la corrupción rondaron también el inicio de la gestión del ministro Alva, cuando el ex titular del Interior del primer gobierno de García (1985-90), Agustín Mantilla, dijo estar dispuesto a colaborar con Alva, por su experiencia en el tema.

El flamante ministro rechazó la posibilidad de tomar los servicios de Mantilla, quien en 2000 recibió un soborno de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), lo que apereció en un video.

Mantilla fue encarcelado y expulsado de su partido por ese hecho, pese a alegar que el dinero recibido era para la campaña electoral aprista de ese año, y dice haberse sacrificado por el país y por el aprismo.

El personaje reapareció públicamente tras exculpar ante una jueza al presidente García de una matanza, en 1986, de presos acusados de terrorismo.