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México, En los últimos días ha vuelto a tomar relieve una vieja discusión sobre la capacidad del Estado nación para combatir al crimen organizado y la violencia que genera.

La polémica, que divide a optimistas y pesimistas, gira en torno a una pregunta: ¿Es ganable la guerra contra las mafias del narcotráfico y otras modalidades de la delincuencia organizada?

El gobierno de Felipe Calderón piensa que esa guerra se puede ganar porque el Estado es más poderoso que cualquier individuo o grupo de individuos que lo desafía.

Durante su campaña, Calderón prometió "mano dura" contra el crimen y la está aplicando. Con la asesoría de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés), ha militarizado la lucha contra el narco y el crimen organizado.

Como parte del proyecto de reingeniería al modelo de combate a la delincuencia, el nuevo gobierno ha planteado la creación de un Cuerpo Federal de Policía, priorizar las labores de inteligencia y volver a establecer la figura de un "zar" antidrogas.

Es evidente que en los últimos años el poder militar y financiero de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado ha aumentado. Se habla de un "narcopoder".

En lo que se describe como un franco proceso de "colombianización", la violencia está desatada. Rebasó todos los límites.

Durante el sexenio de Vicente Fox se produjo un promedio de mil 500 ejecuciones anuales. El 51 por ciento de los 100 mil delitos que se comenten cada año en México están ligados al narcotráfico.

Calderón dijo en campaña que tenía mano firme para restablecer el orden y la seguridad en México. Sin embargo, en política, la forma y los símbolos importan. Por eso, el "estilo personal de gobernar" del titular del Ejecutivo ha arrancado algunas expresiones de alerta.

Hay quienes piensan, por ejemplo, que con el pretexto de garantizar la seguridad pública en un país asolado por la violencia criminal, se podría estar incubando un proceso que conduzca hacia un modelo autoritario de seguridad.

Es decir, se estarían echando los cimientos para la edificación de un Estado de corte cada vez más policíaco-militar.

Desde un primer momento, Calderón, quien ganó los comicios por medio punto porcentual y cuya legitimidad ha estado acotada por la sombra de un megafraude de Estado, ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas.

En el primer minuto del pasado 1 de diciembre, en una ceremonia sin precedentes en la vida republicana de México, Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos rodeado de militares.

En un acto simbólico de traspaso del poder, su antecesor, Vicente Fox, se despojó de la banda presidencial y la entregó a un cadete del Colegio Militar. Acto seguido, ya investido como mandatario, Calderón tomó juramento a los miembros de su gabinete de Seguridad Nacional.

Horas después se produciría su agitada toma de mando ante un Congreso militarizado. Pero lo más significativo de ese 1 de diciembre fue la presencia de Calderón en el Campo Marte, donde presenció un desfile castrense y anunció un aumento salarial para los miembros de las instituciones armadas.

Con posterioridad, en el marco de una gran cobertura mediática, lanzó su "guerra" contra el narco y la delincuencia organizada mediante la intervención combinada de las Fuerzas Armadas y las policías de todos los niveles en Michoacán, Baja California y Sinaloa, estados detectados como los principales "focos rojos" de la criminalidad.

Previamente había ordenado transferir siete mil 500 efectivos de la Tercera Brigada de policía militar y dos mil 500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal Preventiva, lo que entraña una contradicción, ya que la prevención no se lleva con lo militar.

En el Presupuesto para el año fiscal aprobado en diciembre por el Congreso, se registró un aumento significativo en el rubro seguridad, en detrimento de otras áreas como educación y cultura.

La Secretaría de Gobernación (Interior) gastará 40 por ciento de su presupuesto en inteligencia y seguridad nacional.

Por otra parte, el pasado 3 de enero, en la que fue su primera actividad pública en 2007, el Presidente se presentó en una unidad militar de Michoacán ataviado con una gorra de cinco estrellas y casaca militar y compartió el "rancho" (el pan y la sal según la jerga castrense), con los soldados.

Desusado en México, el gesto fue interpretado como un intento por ostentarse como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también fue visto como una manera de demostrar que cuenta con el apoyo del Ejército después de una elección muy cuestionada.

Los espectaculares y multipublicitados operativos conjuntos del Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías contra el narco y la delincuencia organizada han arrojado hasta ahora magros resultados.

Lo que sí avanza de facto es la reestructuración de todas las policías bajo un mando único a nivel federal. Pero se requieren reformas constitucionales que deberán ser aprobadas por el Congreso. Igual que la creación de gendarmerías supervisadas por el Ejército en poblaciones con menos de 20 mil habitantes.

El proyecto ha sido elaborado por expertos en contraterrorismo, que han pasado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con asesoría de mandos militares, de la Guardia Civil española y otras corporaciones extranjeras como el FBI y la DEA de Estados Unidos.

El nuevo Cuerpo Federal de Policía estaría conformado por 40 mil hombres y operaría con esquemas similares al de los alguaciles (marshall) de Estados Unidos, en el ámbito de la prevención, y el del FBI para persecución.

Trascendió que en la creación de la figura de un "zar" antidrogas, el gobierno de Calderón ha trabajado de manera estrecha con autoridades de Estados Unidos adscritas al área de seguridad nacional y altos mandos militares.

Se anticipa que el nuevo "zar" antinarcóticos de México tendrá vínculos directos con todas las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la agencia antidrogas de Estados Unidos. Se prevé incluso la instalación de más oficinas de la DEA en territorio mexicano.

Hay mucha hipocresía en todo esto. El principal motor del narcotráfico radica en los millones de consumidores y adictos estadounidenses.

Desde hace muchos años México es el "trampolín" para la gran "alberca" estadounidense. Un kilo de cocaína pura en la Ciudad de México vale entre ocho y 12 mil dólares, en la frontera norte llega hasta los 25 mil y sube a 50 mil en las principales ciudades de Estados Unidos.

Se trata de un negocio muy lucrativo, igual que el tráfico de indocumentados y el lavado de dinero. La principal ganancia se queda en la banca estadounidense.

De allí que como en el gobierno de Vicente Fox, en la era Calderón la política interior de México forma parte de la agenda de seguridad nacional de Washington.

La militarización y transnacionalización de los "esfuerzos bilaterales" del combate contra el crimen organizado, significa, para México, una cesión de soberanía.

En ese contexto, la "guerra" del Estado contra el crimen organizado plantea un falso dilema. Se podrá controlar, administrar o acotar al hampa. Pero no derrotarla. Porque en México existe una corrupción institucionalizada.

La criminalidad organizada ha tenido un desarrollo endógeno. No se trata de un fenómeno paralelo, ajeno a las estructuras del Estado. Ha crecido al interior mismo de la estructura de poder. Atraviesa a las grandes empresas, la banca privada, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el aparato judicial, la clase política.

Con medidas de tipo policial y militar, Calderón podrá intentar devolver cierta autoridad al Estado y un mínimo de orden a la sociedad. Que paren las decapitaciones y la violencia extrema. Pero nada más.

Para derrotar a la criminalidad se necesitan reformar las estructuras. Pero esa no es la "misión" del proyecto conservador de Felipe Calderón.

De allí que lo que se avizora sea un Estado autoritario, de tipo contrainsurgente, que, con la excusa de combatir a los cárteles y las mafias, esté dirigido a controlar y o aplastar a la disidencia política interna.

México viaja a contracorriente de los vientos de fronda que azotan la geografía latinoamericana.