Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2006.
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 | Dando y Dando:
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(30/10/2006) En una conferencia dictada este lunes, el candidato oposicionista Manuel Rosales improvisaba un llamado a los venezolanos a votar, hasta que fue traicionado por su subconsciente y dijo: "Estoy convencido de que nuestra derrot...!". | |
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 | La HOJILLA
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(31/10/2006) Luego que el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, reconociera el fracaso de su candidatura presidencial, a través del célebre lapsus mental registrado este lunes, una nueva confesión de los asesores de campaña del aspirante ocasionó otro estremecimiento moral entre los partidarios de la oposición. | |||||||||||||||||||||||||
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LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SOLICITA LA COLABORACION DE CUALQUIER PERSONA QUE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACION FIDEDIGNA SOBRE EL PARADERO DE ESTOS INDIVIDUOS Y QUE PERMITA SU APREHENSION
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Cárdenas López José Luis Valencia Leyva José Luis (A) "Junior" | Vildósola Palacios Ramón Angel (A) "El Güero" | Cázares Peñuri José Rafael |
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Morales Cervantes Salvador (A) "El Percheras" | Monroy Cruz Roberto | Aguilar Ulivarria Pedro |
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Garibay Felix Manuel (A) "El Gordo y/o El Manuelón" | Sandoval Jiménez Hugo César y/o Ortega Cervántes Casimiro | Escobar Camacho Luis enrique (A) "El Gordo" |
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Hernández Carpizo Fidel Emilio | Rosales Estrada José Mauricio | López Ilustre Luis Rey (A) "El Yiyo" |
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Morales Mondoza Iván | Urtusuástegui Angulo Said | Zúñiga Flores Edgar (A) "Soto Mendoza Juan Carlos, Pérez Flores Edgar y Zúñiga Flores Raúl Edgar " |
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Camacho Higuera Ismael | Iván Eduviges (A) "El Chino" | Camacho Higuera Carlos Irán (A) "Kalikim" |
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Sigala Avitia José | Morachis León Juan Enrique | Jasso Zavala Rosa Roxana (A) "Rosa Johana Jasso Zavala" |
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Tirado Herrera Sergio | Vázquez Mora Rubén | López Espinoza Eliseo (A) "El Licho" |
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Campos Barraza Edgar (A) Alain Licea Ramírez, Alain Ramírez Licea, "El Cholo", "El Bambino" | Miranda Córdova Alfonso (A) José Miranda Miranda, "El Miranda", "El Mirinda" | Camarillo Ponce Antonio |
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Rocha Rocha José (A) Jaime Rocha Arce | Zúñiga Flores Edgar (A) "El Dandy" | Anaya Castillo Adolfo Urbano (A) "El Cubano" |
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Camacho Cota Saúl | García Villareal Julián | Garibay Espinoza Manuel (A) "Don Manuel" |
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Chen Lu Yue Chau (A) "Jesús" | Meza González Wilfrido | Miguel Quiñones Héctor Elías |
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José Manuel Jasso Zavala | Chávez Jando | Muñoz Ramírez Felipe de Jesús |
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Cázarez Peñuñuri José Rafael | Garibay Espinoza José Luis |
LLAMA AL
Los electores nicaragüenses, tras la culminación de la campaña, disponen desde este jueves de 72 horas para decidir, a solas con sus conciencias y lejos del bombardeo mediático de los últimos 75 días, por quién votarán en las elecciones del domingo próximo.
El silencio electoral comenzó a regir en la nación centroamericana a partir de las 1:00 de la madrugada hora local (06:01 UTC) de este jueves, según detalló Prensa Latina.
Según el artículo 97 de la Ley Electoral, «72 horas antes del día de las votaciones cesará toda actividad de la campaña electoral».
La regulación establece además que «los medios de comunicación estarán a la orden del Consejo Supremo Electoral para difundir la información acerca de los procedimientos para ejercer el derecho al sufragio».
La campaña, que culminó oficialmente este miércoles en horas de la noche, pasó por los ya acostumbrados ataques entre los candidatos, quienes tuvieron una casi permanente presencia en los medios de comunicación.
De acuerdo con el Consejo Supremo Electoral, existen 2 millones 800 mil nicaragüenses legalmente capacitados para elegir a la futura fórmula presidencial, a los 90 diputados a la Asamblea Nacional y a los 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
El padrón electoral incluye a 3 millones 665 mil 141 votantes, pero 12% de ellos o están fuera del país o fallecieron, según comprobaron las autoridades al depurar los listados.
En la contienda participan el ex presidente Daniel Ortega (1984-1990), candidato de la Unidad Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Eduardo Montealegre, un ex banquero, y el ex vicepresidente José Rizo, representan, respectivamente, a la Alianza Liberal Nicaragüense y al Partido Liberal Constitucionalista, las dos fuerzas que aglutinan a la derecha local.
El tecnócrata Edmundo Jarquín, quien se autodefine como de centroizquierda, es candidato del Movimiento Renovador Sandinista, mientras que el ex guerrillero Edén Pastora está postulado por un partido evangélico.
La misma ley que establece el silencio electoral estipula que para llegar a la presidencia de Nicaragua se necesita un mínimo de 35% de los votos válidos y una ventaja de cinco puntos sobre el segundo lugar.
No mataras, dice Dios, quien se toma el derecho a quitarle la vida a otro
EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE
BAGDAD, Saddam Hussein fue condenado el domingo a morir en la horca tras ser declarado culpable de crímenes contra la humanidad por la muerte de 148 personas en 1982 en una población chií. Al escuchar la sentencia, el ex gobernante iraquí exclamó tembloroso: "Dios es grande".
El Alto Tribunal iraquí también declaró culpables y condenó a muerte a su medio hermano y otro importante funcionario de su régimen.
"Viva el pueblo y mueran sus enemigos. Viva la nación gloriosa y mueran sus enemigos", gritó Hussein con un estremecimiento evidente mientras oía el veredicto.
Posteriormente, su abogado dijo que el había pedido a los iraquíes que rechazaran la violencia sectaria y se abstuvieran de atacar a las fuerzas estadounidenses.
Algunos temían que el veredicto exacerbara la violencia sectaria que ha colocado al país a un paso de la guerra civil, después del juicio que se extendió durante nueve meses y terminó hace casi tres meses y medio.
De inmediato estallaron algunos enfrentamientos en el distrito suní Azamiya del norte de Bagdad.
"Este gobierno norteamericano será responsable de las consecuencias, con la muerte de cientos, miles o incluso cientos de miles, cuya sangre será derramada", declaró Sali al-Mutlaq, un líder político suní, al canal de televisión satelital Al-Arabiya.
Saddam y otros siete acusados fueron enjuiciados por una serie de matanzas en la ciudad de Dujail tras un intento de asesinato al entonces dictador en 1982. El partido Dawa de al-Maliki, que por entonces era opositor, se ha atribuido la conjura contra Saddam.
El principal abogado de Saddam, Jalil al-Dulaimi, condenó el juicio como una "farsa", y dijo que el veredicto estuvo planeado.
Expresó que la defensa apelará la sentencia en un plazo de 30 días.
Las condenas a muerte son enviadas automáticamente a un panel de apelaciones de nueve jueces, que tiene tiempo ilimitado para revisar el caso. Si los veredictos y las sentencias son confirmados, las ejecuciones deben realizarse en 30 días.
Un funcionario judicial dijo que el proceso de apelación probablemente llevará entre tres y cuatro semanas, después que sean enviados formalmente los expedientes.
Durante la audiencia del domingo, Saddam se negó a atender al juez que le ordenó levantarse de su asiento. Dos alguaciles levantaron el derrocado gobernante y entonces permaneció de pie mientras era leída la sentencia.
Antes de que comenzara la audiencia, uno de los abogados de Hussein, el ex fiscal general estadounidense Ramsey Clark, fue expulsado de la sala del tribunal luego de entregar al juez un memorándum en que calificaba al juicio de parodia.
El juez principal Raouf Abdul-Raham señaló hacia Clark y dijo en inglés "lárguese".
El Alto Tribunal sentenció también a morir en la horca al medio hermano de Saddam, Barzan Ibrahim y al ex jefe de la desaparecida Corte Revolucionaria de Irak Awad Hamed al-Bandar.
El ex vicepresidente iraquí Taha Yassin Ramadan fue declarado culpable de homicidio premeditado y condenado a prisión perpetua.
Otros tres acusados fueron sentenciados a 15 años de prisión por tortura y homicidio premeditado.
Abdula Kazim Ruwayyid y su hijo Mizhar Abdula Ruwayyid eran funcionarios de Dujail, junto con Ali Dayih Ali. Se cree que fueron responsables de los arrestos.
Mohammed Azawi Ali, un ex funcionario del Partido Baath de Dujail, fue absuelto por falta de evidencias y liberado inmediatamente.
Enfrenta otras acusaciones en un caso separado por la presunta masacre de civiles curdos, un juicio que continuará mientras se resuelve la apelación.
Es probable que el veredicto de culpabilidad enfurezca a los suníes radicales, que integraban la mayoría de la clase gobernante. La mayoría chií del país, perseguida durante el régimen de Saddam, probablemente vea la sentencia como un motivo de celebración.
Al-Dulaimi, el abogado de Saddam, declaró que su cliente pidió a los iraquíes que rechacen la violencia sectaria y les pidió que no ataquen a las fuerzas extranjeras.
"Su mensaje a la población iraquí fue 'perdonen, no se venguen de las naciones invasoras y su gente'", expresó al-Dulaimi.
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Tel Aviv, Los resultados preliminares de la investigación del ejército israelí desvían la atención hoy hacia un error humano o técnico, en un intento por justificar la matanza de 18 palestinos este miércoles en Beit Hanun, Gaza.
A la vez, levantó las mayores sospechas en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, al conocerse que las pesquisas son dirigidas por el mismo oficial que estuvo al frente de los sucesos investigativos ocurridos en junio en un balneario.
En aquella ocasión, la armada naval israelí disparó sobre la playa de Beit Lahie y ocasionó la muerte a más de una decena de personas, incluida una familia compuesta por padre, madre y cinco de sus hijos, además de resultar heridos otros tantos.
El hecho fue censurado por organizaciones internacionales y la Autoridad Nacional Palestina, mientras Israel culpó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) del hecho al decir que fue originado por una bomba sembrada por Hamas.
De acuerdo con informaciones publicadas hoy por el periódico Haaretz, la comisión militar determinó en el caso de Beit Hanun que un error manual al programarse el ángulo del sistema de disparo del cañón causó la tragedia.
Un alto oficial de la reserva del Cuerpo de Artillería explicó que el desvío de entre 450 y 500 metros representa tres grados en el ángulo de la pieza artillera, ajustada para disparar hacia un área donde se presume iban a ser lanzados cohetes sobre territorio israelí.
Las conclusiones del informe, que serán presentadas este jueves al ministro de Defensa, Amir Peretz, y al jefe del Ejército, Dan Halutz, aún no había determinado el número de impactos de obuses que cayeron sobre las viviendas.
Los primeros reportes hablaron de dos, pero por la magnitud de la destrucción se estima que podrían ser muchos más.
Una organización israelí de derechos humanos exigió una investigación porque la matanza de Beit Hanun podría ser considerada un crimen de guerra.
En tanto, las fuerzas de seguridad israelíes continuaron en estado de alerta ante las amenazas de la resistencia palestina de reiniciar los atentados en venganza por el crimen.
La agresividad manifiesta de las Fuerzas de Defensa de Israel en las últimas semanas se asocia aquí a la entrada al gabinete del ultranacionalista Avigdor Lieberman, reconocido por su fuerte postura antiárabe.
Días atrás Haniye declaró que la entrada del político de origen ruso al gobierno de Tel Aviv significaba un mayor aumento de agresiones contra el pueblo palestino.
Aunque la medida no se aplicará a todos por igual, los tribunales tendrán la prerrogativa de evaluar cada caso y las circunstancias específicas, pero no se aclara si será por la gravedad de la violación del tránsito o por la cantidad de copas de más.
La nueva disposición fue dictada a partir de la Ley de Prevención del Crimen Organizado, que establece confiscar bienes no sólo a bandas o grupos criminales, sino también a individuos que cometen delitos ordinarios.
Datos suministrados por la policía atestiguan que todos los días se reportan como promedio unos 90 casos de choferes que conducen con alto grado de alcohol en venas, por lo que este tipo de delito se incrementó el 10 por ciento respecto al período anterior.
Los conductores sudafricanos que desde ahora en lo adelante empinen demasiado el codo corren el peligro de, además de recibir fuertes multas, perder en decomiso el vehículo.
Nairobi, La Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP), un encuentro anual que hoy acoge la capital de Kenya, constituye uno de los frutos de la Cumbre de la Tierra, efectuada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil.
En esa reunión se tomaron acuerdos trascendentales para el futuro de la humanidad como la Convención Marco sobre Cambio Climático, que reconoce la necesidad de cooperación de todos los países para enfrentar ese problema.
Ese mecanismo internacional persigue la estabilización de los gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera "a un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático", indica el documento.
Tres años después de acordada la Convención, la capital de Alemania acogió en 1995 la primera COP con la firma del Tratado de Berlín, donde se estableció la voluntad de las países de reducir las emisiones de gases, pero sin compromisos de fechas o cifras.
Un año después, en Ginebra, Suiza, se trató la responsabilidad del hombre en el calentamiento global y la necesidad de trazar objetivos más concretos y vinculantes en cuanto a la reducción de emisiones.
En Kioto, Japón, donde sesionó la tercera COP, se alcanzó un acuerdo histórico, el Protocolo del mismo nombre, que estableció para los países industrializados una cuota de reducción de emisiones del 5,2 por ciento entre el 2008 y el 2012, con respecto a 1990.
Un programa de trabajo llamado agenda 2000, que aplazó hasta ese año la entrada en vigor del Mecanismo de Desarrollo Limpio, fue uno de los resultados de la reunión de Buenos Aires, Argentina, en 1998.
Otra ciudad alemana, Bonn, acogió la quinta Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, la cual puso en evidencia las brechas existentes entre los países industrializados y pobres.
La celebrada en La Haya, Holanda, terminó sin acuerdos por las discrepencias entre Europa y Estados Unidos sobre las formas de aplicación del Protocolo de Kioto.
Un acuerdo sobre las reglas de aplicación de esa herramienta se logró en la séptima Conferencia de las partes, con sede en Marruecos, en el 2001.
La capital india, Nueva Delhi, acogió la octava cumbre sobre el clima, donde se insistió en priorizar la necesidad de recortar las emisiones de gases causantes del calentamiento global, pero aún no se ratificaba Kioto.
El apoyo al Protocolo de Kyoto se renovó en la COP 9, celebrada en el 2003 en la ciudad italiana de Milán, pero todavía no se alcanzaba un consenso para su entrada en vigor y tampoco un acuerdo sobre la creación de un fondo de ayuda a los países pobres.
La décima Conferencia de las partes del 2004 tuvo su sede en Buenos Aires, donde hubo polémicas en puntos como el impacto del cambio climático y la adaptación de los países pobres a ese fenómeno.
La primera COP después de la puesta en marcha del Protocolo de Kioto, en febrero del 2005, se efectuó en Montreal, Canadá, donde se inició un proceso de negociación para lograr compromisos futuros más ambiciosos sobre el recorte de emisiones de gases.
Ese propósito anima la duodécima conferencia de Nairobi, primera que se realiza en Africa Subsahariana y que trata también el impacto del cambio climático en los países subdesarrollados.
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Caracas, El proceso electoral venezolano, en franca ebullición de cara a los comicios de diciembre próximo, muestra hoy una sólida ventaja del presidente de la República, Hugo Chávez, en el camino hacia la reelección.
A poco más de tres semanas de la fecha prevista para el sufragio (3 de diciembre), los sondeos tienen como elemento común una clara intención de voto a favor del mandatario que supera en más de 20 puntos a su más cercano adversario, el opositor Manuel Rosales.
En declaraciones a la prensa internacional, el propio Chávez aseguró que la oposición fracasó en su estrategia de manipular las encuestas ante la brecha creciente, muy difícil de cerrar.
En ese sentido, el estadista recordó que hay regiones en el país donde los candidatos contrarios de conjunto apenas llegan al 10 por ciento, por lo cual "es matemática, políticamente y prácticamente imposible que esto sea alterado" en el plazo que resta.
En sus pronunciamientos, aseguró que el ejecutivo alista mecanismos para prevenir posibles actos de desestabilización y en ese sentido reveló que ya se discutieron los planes necesarios con los ministros de Defensa, Raúl Baduel, e Interior y Justicia, Jesse Chacón.
Nosotros, añadió Chávez, "no queremos ni un hecho de violencia" y advirtió que si se convoca a manifestaciones en las calles para desconocer los resultados electorales, "estaríamos obligados a poner orden".
Por su parte, Baduel recordó que las Fuerzas Armadas Venezolanas están llamadas a garantizar la independencia y soberanía del país, plenamente "claras de su convicción nacionalista" y de apego a la constitución.
Respecto a recientes llamados de Rafael Poleo -director del diario El Nuevo País- a desconocer los resultados electorales bajo el argumento de fraude, Baduel expresó que cualquier ciudadano "es responsable por las opiniones que emita y verdad que en muchos casos aspiramos a que eso suceda".
Precisamente, indicó, en las acciones del 2002 fue notoria y pública la participación de muchas personas, las cuales "después quisieron abstraerse de las responsabilidades que se desprendían de sus actuaciones".
"Quien haga el ejercicio de su derecho a emitir opiniones, debe tener también la entereza de asumir las consecuencias que se desprenden de sus actuaciones", manifestó.
Insistió en que "corresponde a los organismos jurisdiccionales competentes valorar si violan alguna norma y podrían ubicarse en los supuestos de instigación a la rebelión".
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Luego de un extenso encuentro con el titular de Gobernación, Carlos Abascal, el ejecutivo oaxaqueño presentó un plan para recuperar la estabilidad en la conducción del estado y, en particular, la ciudad ocupada por la Policía Federal Preventiva.
Ruíz ofreció un programa de seis puntos que será presentado en breve y que incluye: reconciliación, reforma del Estado, reactivación económica, seguridad, rediseño de estructuras gubernamentales y avance en el cumplimiento de los acuerdos adoptados con los maestros.
Abascal se reunió con Ruiz para conocer su propuesta, apenas un día después de haberle lanzado el ultimátum: lograr un pacto que demuestre que hay gobernabilidad en Oaxaca o pedir licencia para dejar el poder.
El plan presentado por Ruíz no contempla la renuncia al cargo y está encaminado a propiciar un diálogo -esta misma semana o a más tardar la próxima- en Oaxaca, que permita una solución antes del 1 de diciembre.
De acuerdo con lo previsto, en esa reunión participarán la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el gobierno federal y la sociedad oaxaqueña.
Sin embargo, funcionarios de Gobernación y miembros de la APPO consideraron desde anoche casi imposible sentar a la APPO y al gobierno estatal en una misma mesa.
Esa organización social mantiene su exigencia de que el mandatario estatal dimita de sus funciones, que sean retiradas las fuerzas federales y se cancelen las órdenes de aprehensión.
Ante esos reclamos la Secretaría de Gobernación no descarta que la mesa de negociaciones se restablezca en breve en Ciudad de México o en la capital oaxaqueña, con acciones contundentes para avanzar en la solución del conflicto que ya tiene 171 días de enfrentamientos.
En el pliego de peticiones de la APPO se incluye la liberación de medio centenar de presos políticos, presentación con vida de al menos 30 personas presuntamente desaparecidas, destitución de altos mandos del gabinete de Ruíz y restablecimiento de radio Universidad.
La jornada de ayer en Oaxaca estuvo marcada por llamadas a la conciliación y la tolerancia por parte del responsable de la política interna mexicana, mientras continuó el paulatino regreso a clases, con el 75 por ciento de las escuelas abiertas.
No obstante, prosiguieron las detenciones y desapariciones forzadas de estudiantes, amenazas y persecuciones a cuatro de los principales líderes de la APPO, quienes se refugiaron en la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca.
| Alentado por estos tiempos de invasiones y evasiones, el debate de la “guerra justa” ha resurgido entre los expertos e incluso entre los que se ocupan de crear políticas. |
Noam Chomsky
Alentado por estos tiempos de invasiones y evasiones, el debate de la “guerra justa” ha resurgido entre los expertos e incluso entre los que se ocupan de crear políticas.
Pero, discusiones aparte, los hechos en el mundo real con demasiada frecuencia refuerzan la máxima de Thucydides de que "El poderoso hace lo que puede, mientras que el débil sufre lo que debe” – lo cual, además de ser indiscutiblemente injusto, constituye, en la actual fase de la civilización de la humanidad, una amenaza literal para la supervivencia de la especie.
En sus celebradas reflexiones sobre la guerra justa Michael Walzer describe la invasión de Afganistán como “un triunfo de la teoría de la guerra justa”, colocándola en el mismo plano que la “guerra justa” de Kosovo. Por desgracia, en ambos casos, como en muchos otros, sus argumentos se basan principalmente en premisas tales como “parece plenamente justificado...”, “creo que...”, o “seguramente”.
Los hechos, incluso los más obvios, se ignoran. Veamos Afganistán. En el momento en el que comenzaron los bombardeos en octubre de 2001, el Presidente Bush advertía a los afganos de que los ataques no cesarían mientras no entregaran a las personas a las que los Estados Unidos consideraba sospechosas de terrorismo.
El término "sospechosas" es importante. Ocho meses después de lo que a buen seguro debió de ser una de las cruzadas más intensas de la historia, el máximo responsable del FBI Robert S. Mueller III declaraba ante los redactores de The Washington Post: “Creemos que los cerebros de los ataques (del 11 de septiembre), la cúpula de Al-Qaeda, estuvieron en Afganistán. Los instigadores – los actores principales, llegaron juntos a Alemania y cabe que también a otros lugares".
Lo que aún seguía siendo incierto en junio de 2002 difícilmente pudo haberse sabido con certeza en octubre del año anterior, por pocos que fueran los que cuestionaran su veracidad en el momento. Yo tampoco dudé en un principio; pero la presunción y la prueba son dos cosas bien distintas. Y, al menos, podemos asegurar que las circunstancias han puesto en entredicho que el bombardeo contra los afganos fuera un claro ejemplo de “guerra justa”.
Los argumentos de Walzer van dirigidos a grupos indeterminados – como por ejemplo, a colectivos universitarios “pacifistas”. Para ‘el, su "pacifismo" es un "pésimo argumento", dado que, a su juicio, la violencia es legítima en algunas ocasiones. Cabe que estemos perfectamente de acuerdo (yo lo estoy) en que hay ocasiones en las que la violencia es legítima, si bien, su “creo que...” es un argumento de escasa solidez en lo que a estos dos casos concretos del mundo real se refiere. Mediante la lógica de la "guerra justa", del contraterrorismo y demás tipos de razonamiento, Estados Unidos se exime del cumplimiento de los principios fundamentales del orden mundial en cuya formulación e implantación ha jugado el papel estelar.
Tras la II Guerra Mundial se instituyó un nuevo orden legal internacional cuyas disposiciones referentes al procedimiento en tiempos de guerra están plasmadas en la Carta de las Naciones Unidas, en la Convención de Ginebra y en los principios de Nuremberg, adoptados por la Asamblea General de la ONU. La Carta proscribe la amenaza o el uso de la fuerza, salvo que la autorice el Consejo de Seguridad, o que, en conformidad con el Artículo 51, se utilice en defensa propia ante un ataque armado, hasta que actúe el Consejo de Seguridad.
En 2004, un grupo de alto nivel de la ONU, en el que, entre otros, se hallaba el antiguo Consejero de Seguridad Nacional (estadounidense), Brent Scowcroft, concluía que "no era preciso ampliar ni restringir la ampliamente concebida cobertura del Articulo 51... En un mundo plagado de supuestas amenazas potenciales, el riesgo para el orden global y para el principio de no-intervención en el que se basa dicho orden es sencillamente excesivo, como para legalizar un principio de acción preventiva unilateral distinto del principio de acción colectiva consensuada. Permitir ese tipo de procedimiento a uno sería equivalente a permitírselo a todos”.
La Estrategia de Seguridad Nacional (estadounidense) de septiembre de 2002, ratificada en marzo en su mayoría, otorgó a los Estados Unidos el derecho de librar lo que denomina “guerra preventiva”, lo cual no significa disuadir el animo agresor del adversario, sino “tomar la delantera” para ser el primero en atacar. Esto es, simple y llanamente, el derecho de agresión.
Según la tipificación del Tribunal de Nuremberg, la guerra de agresión es "el máximo crimen internacional, y tan sólo difiere de cualquier otro crimen de guerra en que constituye en sí mismo un compendio del mal en su conjunto" — por ejemplo, todo el mal que la invasión que el binomio Estados Unidos-Reino Unido ha implantado en la torturada tierra iraquí.
El concepto de agresión lo definía claramente el juez del Tribunal Supremo de los EE.UU., Robert Jackson, quien actuara de fiscal jefe en el Tribunal de Nuremberg en representación de su país. Su definición quedaba formalmente recogida en una resolución firme de la Asamblea General: Un "agresor”, proponía Jackson al tribunal, es cualquier estado que emprenda acciones tales como “la invasión armada del territorio de otro estado, con o sin una declaración de guerra".
Tal es el caso de la invasión de Irak. Igual de relevantes resultan las elocuentes palabras del Juez Jackson en Nuremberg: "Si la contravención de tratados es constitutiva de delito, resulta irrelevante quién la cometa, sean los Estados Unidos o Alemania, y no estamos dispuestos a crear una legislación penal que juzgue conductas delictivas para el prójimo que no estemos dispuestos a aplicarnos y acatar nosotros mismos”. En otra parte de su ponencia dice: "Jamás debemos olvidar que los principios legales sobre los cuales hoy juzgamos a los acusados serán los mismos a los que mañana recurra la historia para juzgarnos a nosotros. Ofrecer un cáliz envenenado a estos acusados equivaldría a ponerlo en nuestros propios labios”.
Para la dirigencia política el riesgo implícito en la adherencia a estos principios —y al imperio de la ley en general — es verdaderamente serio. O, lo sería, “si es que alguien se atreviera a plantar cara a un “superpoder despótico sin parangón para el que no existe la ley, y el cual pretende modelar el mundo conforme a su visión militarista del universo", como lo expresara Reuven Pedatzur en Haaretz el pasado mayo.
Permítanme exponer dos verdades elementales. La primera es que los actos se miden sobre la base del alcance de sus posibles consecuencias; la segunda es el principio de universalidad, es decir, que hemos de aplicarnos las mismas reglas que imponemos a los demás, cuando no de forma más estricta, si cabe.
Además de ser éstas dos máximas esenciales, estos principios conforman los cimientos sobre los que se asienta la teoría de la guerra justa, o, al menos, de cualquier versión de la misma digna de ser tomada en serio.
(Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia) Bogotá, Jueves 2 de Noviembre de 2006. Los Pueblos Indígenas de Colombia unidos en un solo pensamiento, en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Colombia, creada por el decreto 1396 de 1996 y en el que participan las organizaciones: ONIC, CIT, OPIAC y AICO, el mismo que es el resultado del proceso de lucha y resistencia por la reivindicación de nuestros derechos, queremos manifestar que no renunciamos ni renunciaremos a nuestra dignidad, a nuestros principios y a nuestras exigencias. Continuamos resistiendo pese a los miles de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y desplazamientos. Vemos que los alcances de la Constitución Política no han sido esa luz brillante que iluminara nuestro camino, muy por el contrario se utiliza como argumento para que se intensifique la guerra en y por nuestros territorios.
Hoy, cuando en Colombia se habla hipócritamente del derecho a la Vida y otros derechos, poniendo en marcha una farsa, en la que seguimos perdiendo no solamente la vida de nuestros pueblos, sino también los espacios políticos que hemos ganado históricamente.
Hoy mientras nos sentamos para hablar de cómo construir una "Política Integral de Derechos Humanos", el gobierno Colombiano tiene una postura incoherente al No respaldar la "Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo", texto ya aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y que actualmente está en discusión de la Asamblea General de las Naciones Unidas; tampoco hay respuestas concretas para resolver de forma definitiva la situación grave del pueblo Nukak, sino lo que pretende es dar paños de agua tibia y asistencialismo que no resuelven el problema real, que es que ellos retornen a su territorio ancestral. Se siguen construyendo bases militares en nuestros territorios de manera totalmente inconsulta, actuación que rechazamos rotundamente.
La impunidad campea, hasta el punto que de los dos mil casos delictivos presentados a la Fiscalia, nos presentaron como atendidos preferentemente 64, de los cuales solo el 99% estan en etapa preliminar o de instrucción, pese a que los hechos y casos vienen desde 1994; empero, las detenciones arbitrarias de miembros de nuestras comunidades, los señalamientos, estigmatizaciones no cesan; la persecución a los gobiernos es notoria, y se siguen implementando megaproyectos asociados a la implementación del TLC, evitando la consulta previa para explorar los recursos de nuestros suelos; como ejemplo resulta paradójico y perverso que el mismo día que nos aprestábamos a diseñar una propuesta de visión sobre la política Nacional de Hidrocarburos, esta misma Agencia Nacional de Hidrocarburos estaba entregando permisos sin la Consulta Previa para la explotación minera en los departamentos del Vaupes, Vichada y Guainia.
Frente a esta nueva negación del Gobierno Nacional nos afirmamos como pueblos libres y autodeterminados, y ratificamos nuestro más profundo rechazo. Hoy más que nunca los pueblos indígenas de Colombia nos declaramos en "Asamblea Permanente", porque no capitulamos en la defensa de nuestros derechos, pues nuestra dignidad es innegociable.
Un breve repaso a los resultados de tantas convocatorias nos muestran que ellos han sido mínimos, que en los territorios indígenas la situación sigue siendo igual; que no hay voluntad política del Estado; que nos siguen catalogando como improductivos, que no se nos reconoce el aporte que hemos hecho al país, que muy por el contrario solo hemos recibido discriminación y exclusión. Se repite siempre que hay mucha voluntad y cuando se presenta una propuesta de largo alcance sólo nos dicen que hay que empezar por lo más pequeñito y cuando vamos a lo pequeño, nunca se concretan en acciones reales, falta el apoyo del Estado.
En esta comisión hemos planteado y reiteramos nuestra amplia vocación de dialogo, pero el gobierno nos cuestiona con el cuento de que no hay propuestas claras. Pero nosotros sabemos con claridad que es lo que queremos, cuando se presentan las propuestas en las "mesas de concertación", nunca se cumple con las condiciones pactadas, esta ha sido una historia constante.
No nos pueden decir que aquí no hay propuestas ni claridad, porque aquí estan. La misma Constitución Política es una de ellas, y el estado no se puede contradecir en su accionar. Hay algunas entidades que tienen una voluntad pero no es política, es solo una voluntad particular.
No podemos permitir que sigan engañando a nuestros pueblos, queremos propuestas concretas y reales. Aquí no solamente estamos hablando de la "Comisión de Derechos Humanos", sino también de todos los espacios de dialogo y concertación legítimos como la "Comisión de Territorios" y la "Mesa Nacional de Concertación".
Seguiremos en "sesión permanente" todos los miembros indígenas de la "Comisión de Derechos Humanos" hasta tanto el Gobierno Nacional responda efectivamente a nuestras demandas. Necesitamos que el Gobierno Adopte la DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.
Es lamentable la decisión de no continuar con esta dinámica, pero si el Gobierno Nacional no responde claramente no nos sentaremos a buscar salidas.
Esperamos que la voluntad manifiesta de la Fiscalia y otras instituciones para seguir luchando por garantizar la protección de nuestros derechos no cese, debido a nuestra decisión de terminar con esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. (Estado- Pueblos Indígenas). Haya Mesa o no, queremos respuestas concretas para nuestros pueblos a través del trabajo con nuestras organizaciones, y no con talleres institucionales que limitan el accionar conjunto. La Responsabilidad fundamental del estado y del Gobierno Nacional es materializar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una cuestión de ¡Dignidad! En este sentido, no queremos que las instituciones del gobierno se vayan a las regiones a asaltar la buena fe de las comunidades para realizar concertaciones ilegales que rompen el proceso organizativo de los pueblos indígenas.
Por todo lo anterior no queremos escuchar explicaciones frente a la abstención del Gobierno Nacional. Exigimos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, y en especial que no se abstenga y Vote positivamente la Adopción de la DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS del Mundo, aprobada por El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma que ha sido fruto del trabajo de nuestros pueblos y las Naciones Unidas por más de 22 años.
Firman los Comisionados: LUIS EVELIS ANDRADE (ONIC), RAMIRO MUÑOS MACANILLA (OPIAC), LEONOR ZALABATA (CIT), RAMIRO ESTACIO (Senador Indígena), YESID BRIÑEZ POLOCHE (AICO), FRANCISCO ROJAS BIRRY (Exconstituyente Indígena), LORENZO MUELAS (Exconstituyente Indígena)
-Este pronunciamiento es el resultado de la decisión conjunta de las cuatro (4) Organizaciones Indígenas del país: ONIC, CIT, AICO, OPIAC y los exconstituyentes y senadores indígenas firmantes de la misma. En respuesta a la inexistencia de Políticas de estado para los Pueblos Indígenas y la escasa voluntad del Gobierno para dar respuesta a las exigencias y reivindicaciones que en Justicia y en derecho demandamos los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia.
Con todo respeto estimados amigos adjunto a esta la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, para que todos la conozcan y nos hagan llegar sus aportes.
Es necesario además que el actual Gobierno diga de manera explicita cuales son las razones y argumentos que exhibe para no aceptar en su totalidad la Declaración del Consejo Mundial de derechos Humanos de la ONU.
El documento es amplio y favorece ostensiblemente a los Pueblos Indígenas y sirve de complemento al Convenio 169 de la OIT.
El artículo 26 de la Declaración dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y Recursos que poseen en razón de la PROPIEDAD TRADICIONAL de ocupación o utilización, así como los que hayan adquirido de otras formas.
El termino resaltado de propiedad tradicional talvez no le gusta mucho al Gobierno cuando ahora precisamente el pueblos U´WA ha manifestado que por posesión y propiedad tradicional los recursos del subsuelo también les pertenecen, en contrapocisión al código minero y a la ley de hidrocarburos en las que se dice que dicha propiedad es de la nación o del Estado.
"Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades publicas, de particulares o de comunidades o de grupos.
Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes". (Articulo 5º de la ley 685 de Agosto 15 de 2001 por el cual se expide El código de Minas y se dictan otras disposiciones).
Es de anotar que el Estado colombiano y los Gobiernos Nacionales así se haya aprobado el Convenio 169 de la OIT mediante la ley 21 de 1991, se resiste a observar y aplicar estas leyes con el reconocimiento de PUEBLOS INDIGENAS y siempre se refiere a ellos como comunidades o grupos étnicos. Hay que colocar en consonancia las leyes para indígenas con los Convenios internacionales.
Dice el articulo 121 del código de Minas: "Todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo".
Para ello también seria necesario reformar la Constitución Nacional , pero no por ello dejar de aplicar el concepto de Pueblos porque el convenio 169 de la OIT, ley 21 de 1991 tiene el rango de Constitucional y hace parte del llamado "bloque de Constitucionalidad" que le da a la ley el mismo valor que tiene la Constitución Nacional y los artículos que la componen.
-Regresando al concepto de Propiedad Tradicional es lógico que el Estado tiene que reconocer esa propiedad tradicional que en muchos de los casos carecen de documentos escritos y otros tienen inclusive cedulas reales o títulos de la Corona española, que siempre los pueblos indígenas han reivindicado. Los Pueblos Indígenas en Colombia estan antes de la llegada de los españoles o Europeos, antes de los conquistadores, antes de los Colonos que hicieron las leyes que hoy afectan a dichos Pueblos. Hoy esas leyes tienen que ser modificadas al amparo de la nueva legislación internacional que va surgiendo en el mundo, como la Declaración Mundial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo aprobada por el Consejo Mundial de derechos Humanos de la ONU y a la que el Gobierno actual esta haciendo una serie de reparos, que no conocemos, para no aceptarla.
-"Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídicos de esas Tierras, Territorios y Recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate".
El tratado además establece que si de alguna manera se han usurpado, utilizado, invadido, ocupado etc., recursos de los pueblos indígenas hay que buscar la manera de indemnizar los perjuicios que se hayan causado. Suponemos que el Estado colombiano tiene miedo de aprobar la Declaración porque se imagina ya demandado por los atropellos que en el pasado se han cometido con la usurpación y despojo de mucha riqueza perteneciente a los pueblos indígenas a nivel de recursos hidrocarburiferos, de metales, de tierras, flora y fauna e incluso del agua del cual muchos pueblos ya han sido despojados.
El otro planteamiento en el cual es contundente la Declaración es que establece que no se podrán desarrollar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas si dichos pueblos no son consultados.
Si le ha quedado grande al estado colombiano el reconocer la magnitud y seriedad que implica un proceso de Consulta Previa con los Pueblos Indígenas para tomar una determinación judicial o administrativa, y el escalabro que hemos visto en las consultas en cuestiones de una simple Sísmica, para exploración y explotación del petróleo, que podremos decir y pensar de una consulta para actividades militares cuando todos sabemos el conflicto que vive nuestro país y donde los actores armados, todos, confluyen es precisamente en los territorios indígenas.
En las cuestiones culturales, casi que también obliga al Estado a indemnizar a los pueblos indígenas por el robo a sus conocimientos ancestrales, o los que aún poseen, a hacer una revisión de los trabajos realizados por antropólogos, fundaciones, abogados, sociólogos etc., que se hayan beneficiado económicamente de la explotación cultural de algún pueblo indígena. Ello necesariamente va a generar un interesante debate, del pago de esos "derechos de autor" no compensados.
Establece también la Declaración la obligación de realizar la CONSULTA con los pueblos indígenas para la explotación de cualquier recurso minero, hídrico o de otro tipo. Y prácticamente se establece que en aquellos lugares en donde se hicieron ya obras, como por ejemplo represas, y si allí fueron afectados Pueblos Indígenas, se revise dicha situación para saber con exactitud si dichos pueblos fueron indemnizados adecuadamente.
En cuanto a la Jurisdicción Indígena subyace en la Declaración que así como las autoridades indígenas pueden juzgar en todos los aspectos a sus propios paisanos también pueden hacerlo para o contra los no indígenas que infrinjan sus leyes, que hayan usurpado sus territorios o cometan delitos o infracciones contra el pueblo indígena.
Que los indígenas impongan autoridad, su autoridad propia a las personas que atenten o afecten los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo si alguien comete una masacre a un pueblo indígena, o un homicidio, o una desaparición o un desplazamiento las propias autoridades indígenas podrían juzgar a los sospechosos de cometer la ilicitud y de dictar sentencias de castigo o de reparación para los responsables.
La Declaración también establece que las autoridades indígenas de frontera pueden llegar a acuerdos entre ellos e incluso con otros pueblos, sobre cuestiones económicas, civiles, políticas, comerciales, sociales etc.…
Y en los acuerdos y tratados internacionales que elabore o suscriba el Estado y en el cual haya población o pueblos indígenas ordena que estos sean tenidos en cuenta y además insiste nuevamente en la Consulta.
Se establece también que los Estados deben dar a conocer, capacitar, instruir, a todos los pueblos indígenas sobre La Declaración; pero si ya 15 años después de aceptado el Convenio 169 de la OIT dicho postulado no se ha cumplido ni se ha visto interés en ello, a excepción de unos tallercitos sobre el tema, consideramos también que esos derechos se querrán interpretar al amaño de los gobiernos de turno, de los intereses mezquinos de todo tipo de compañías y empresas gubernamentales o no, en contra de los pueblos indígenas.
Consideramos como muy importante de alta importancia la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y que debe ser acogida en su integridad por el Estado Colombiano, será un elemento más de apoyo a dichos pueblos, como lo establece el articulo 42 de La Declaración.
"Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen LAS NORMAS MINIMAS para la supervivencia, la Dignidad y el Bienestar de los pueblos indígenas del Mundo".
Por ello en sana lógica es entendible que si el gobierno Colombiano no quiere aceptar esas NORMAS MINIMAS los indígenas que hacen parte de la "Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" que se encontraba reunida del 1º al 2 de Noviembre en Bogota, hayan decidido levantarse de la Mesa y suspender los diálogos con el Gobierno Nacional, hasta tanto el mismo no suscriba y acepte la Declaración de la ONU.
