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Santo Domingo, El Gobierno dominicano consideró hoy una gran victoria para el derecho ambiental la decisión de un juez federal estadounidense contra una empresa que acumuló 82 mil toneladas de material contaminante en sus costas.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, se mostró complacido con el fallo del juez federal de Estados Unidos, Gerald Bruce, sobre la demanda presentada.

A partir de esa decisión, el Gobierno dominicano podrá demandar a la empresa de electricidad de Arlington, Virginia, AES Corporation, por el vertido de cenizas de carbón (rockash), de alto contenido contaminante, en playas del Norte de la isla.

"Eso es una decisión que no tiene precedentes en Estados Unidos, porque el juez decidió aplicar la Ley 64-00 (dominicana) al mismo tiempo que las leyes federales para conocer el caso", puntualizó Puig en declaraciones a un noticiero televisivo.

Las leyes de Virginia lo permiten, explicó, pero nunca antes se había producido un fallo favorable a los afectados para poder recuperar los fondos invertidos en la disposición del material e iniciar la rehabilitación ambiental.

"Este caso ha creado gran revuelo internacional, hay muchas organizaciones interesadas y es algo novedoso. Nos llena de satisfacción, porque ayuda a que en lo adelante se aplique el principio de que quien contamina paga", dijo.

AES había solicitado el sobreseimiento de la demanda judicial por razones múltiples, pero el juez federal denegó la petición.

El Gobierno dominicano acusó a AES de conspirar para verter 82 mil toneladas métricas de cenizas de carbón, generadas por su central térmica de Puerto Rico, en las playas dominicanas durante el 2003 y 2004 en violación de leyes nacionales.

Numerosos pobladores en esta zona del país sufren lesiones cutáneas u otros problemas de salud por esta causa, y la contaminación contribuyó u ocasionó la muerte de seis personas.

AES negó las acusaciones y sostiene que la disputa es entre el gobierno dominicano y una empresa de la Florida contratada para deshacerse de la ceniza. Esa empresa, Silver Spot Enterprises, también figura en la demanda.

La parte querellante solicita 80 millones de dólares en daños y la decisión judicial estadounidense especifica que el caso será decidido bajo las normas establecidas por la ley dominicana.