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Lima, Perú cierra una semana marcada por intensas controversias en diversos temas referidos a decisiones de la administración del socialdemócrata presidente Alan García, que hoy cumple tres meses, todavía con promesas electorales por honrar.

El principal tema de polémica es la política oficial de acercamiento pragmático con Chile, expresada en los últimos días en una cita entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa y los altos mandos militares de las dos naciones.

Una marcha de militantes de la principal fuerza opositora, el Partido Nacionalista Peruano (PNP) condenó la noche del viernes céntricas calles limeñas, los acuerdos de esa reunión, efectuada en Santiago, en materia de confianza y extrechamiento militares.

Los cuestionamientos se extendieron a otros sectores y derfaudaron las expectativas de quienes esperaban resultados en dos puntos cruciales de las relaciones bilaterales, el armamentismo del país vecino y un diferendo sobre delimitación marítima bilateral.

El entusiasmo inicial del ejecutivo en torn o a uin acuerdo de homologación de gastos militares fue desalentado por una declaración oficial chlena en el sentido que Santiago seguiría equipándose bélicamente.

El canciller, José Antonio García Belaúnde, admitió que no hay acuerdo alguno de limitación de armamentos y que la homologación se tradudirá en un intercambio de información sobre las compras bélicas de ambas partes.

El mjnistro coincidió con su colega de Defensa, Allan Wagner, en señalar que el diferendo limítrofe no fue tratado en al cita de Santiago y agregó que esta abonó a un clima integracionista poisitivo para abordar diferencias en el futuro.

"Debemos sacudirnos de los complejos y entender que no se le está dando ventajas a Chile", aseveó ante las críticas recibidas.

La argumentación oficial no impidió la marcha de protesta de anoche ni la afirmación del diario conservador Correo, según el cual el gobierno reconoce que Chile burló a Perú y que Lima hizo un "papelón diplomático".

El ex vicecanciller Luis Solari cuestionó que Chile ocupe ilegalmente de 20 mil metros cuadrados de territorio peruano y retenga trofeos de la Guerra del Pacífico del siglo XIX y al mismo tiempo pretende mejorar relaciones con Perú.

Los reflectores periodísticos se enfocaron por otra parte esta semana en reclamos del ejecutivo y sus parlamentarios, de investigar al jefe de PNP, Ollanta Humala, por una denuncia, sin pruebas, del congresista Gutavo Espinoza, en el sentido que Humala recibió cuatro millones de dólares del gobierno de Venezuela parea su campaña electoral.

El nuevo capítulo de lo que muchos analistas consideran asedio político-mediático contra Humala, motivó un tajante desmentido de este, quien dijo no tener nada que ocultar y sugirió a la prensa que investigue el financiamiento electoral al actual presidente y a la ex candidata rerechista Lourdes Flores.

El recuurente empeño de usar a Venezuela como ingrediente de la política local dio lugar también a una protesta de Caracas por ataques del primer ministro peruano, Jore del Castillo, contra la Revolución Bolivariana y el gobierno de Hugo Chávez.

El dirigente del PNP Carlos Tapia criticó al gobierno por su apego a la política norteamericana de intervencionismo y agresión externa y dijo que Perú tiene mucho más cosas en común con Caracas que con Washington.

Por otra parte, también hubo controversia en torno a una ley que establece el control estatal de las organizaciones no guberenamentales, en particular del manejo de los recursos económicos que reciben del exterior.

La polémica norma alega fines de transparencia en la administración de recursos de ayuda exterior y mereció críticas de directivos de las entidades afectadas, que consideran la medida injustificada y motivada por actides conservadoras de rencor contra ellas.

La medida tiene entre sus antecedentes duros ataques del gobierno y sus parlamentarios contra ONGs acusadas de promover protestas de pueblos indígenas contra emperesas extranjeras acusadas de contaminar los territorios originarios.

El director del Instituto de Defensa Legal, Hans Landolt, afirmó que la ley pretende amedrentar a las ONGs que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.

Al mismo tiempo, el PNP pidió en el Congreso la interpelación del ministro de Energia y MInas, Juan Valdivia, pro el problema de la contaminación causada por transnacionales en el país.

El premier Del Castillo planteó que el problema debe quedar librado al diálogo entre los afectados y las empresa y no profundizó en torno a las violaciones de la normatividad ecológica ppor parte de las compañías.

Según diversas ONGs, el problema tiene que verff con la excesiva tolerancia gubernamental, en el marco de unba política de amplia apertura a los capitales foráneos.

Como parte de esa política, el presidente García afirmó que el cuestionado tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, pendiente de la aprobación parlamentaria norteamericana, será una realidad de todas maneras.