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Londres, El gobierno británico violó las leyes nacionales y de la Unión Europea (UE) al informar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre cuatro millones 600 mil transacciones bancarias, revela hoy el diario The Guardian.

El comisionado responsable de poner en práctica el Acta de Protección de Datos investiga si la entrega de detalles bancarios confidenciales al órgano de espionaje estadounidense fue una actividad ilegal.

Un portavoz de esa autoridad de revisión británica indicó que ese asunto se toma ahora "muy en serio", pues si la CIA tuvo acceso a datos financieros de los ciudadanos europeos, entonces pudo haber violado las regulaciones de la UE y de Gran Bretaña.

La entrega de esa información se realiza con pleno conocimiento del gabinete laborista.

En 2002, el ejecutivo fue puesto al tanto por el Banco de Inglaterra sobre la petición de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria (Swift) para colaborar con la CIA.

Cuando nos enteramos, informamos al Ministerio de Finanzas, declaró Peter Rogers, un alto ejecutivo del referido banco, entre los 10 representados en la Swift, la cual controla las transacciones financieras en el orbe.

Pero Rogers aconsejó a los funcionarios de la Swift que debían dirigirse directamente al gobierno del primer ministro Tony Blair, pues se trataba más bien de una cuestión de seguridad nacional.

El propio ministro británico de Finanzas, Gordon Brown, aspirante a sustituir a Blair antes de finalizar su mandato en 2009, reconoció que el ejecutivo conocía de la entrega a la CIA de datos sobre las transferencias.

Brown se negó, sin embargo, a comentar las medidas específicas que se debieron aplicar para garantizar la total confidencialidad de la información bancaria de los clientes.

El titular de Finanzas tampoco aclaró si el programa para aportar datos a la agencia de inteligencia norteamericana estaba acorde al Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Por su lado, el vocero para las Finanzas del opositor Partido Liberal Demócrata, Vincent Cable, acusó a Brown de escudarse tras los argumentos de la necesidad de garantizar la seguridad nacional, al referirse al asunto de la transferencia de datos.

Cable, quien negó pretender el acceso a información sensible sobre la seguridad en casos individuales, presentó una demanda para que Brown responda ante la Cámara de los Comunes si la citada cooperación con Estados Unidos fue legal.

La Casa Blanca demandó a Londres el acceso a la mencionada información como parte del programa para cerrar cuentas bancarias de supuestos terroristas, poco después de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001, en Washington y Nueva York.