Managua, La extensión del proceso de cedulación, requisito indispensable para ejercer el voto, cobra fuerza hoy en Nicaragua luego de que las dos bancadas mayoritarias expresaran su apoyo a la propuesta del presidente Enrique Bolaños.
Tanto el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que con 40 y 38 asientos, respectivamente, dominan el Parlamento unicameral, dijeron este martes que comparten la iniciativa.
Según la diputada del PLC y secretaria de la Asamblea Nacional, Maria Auxiliadora Alemán, su partido votará a favor de la medida en el plenario.
La secretaria de Comunicación del FSLN, Rosario Murillo, recordó por su parte que esa propuesta había sido hecha por el ex presidente Daniel Ortega el sábado pasado durante una alocución pública en Ciudad Sandino, 10 kilómetros al oeste de Managua.
En esa ocasión, el líder sandinista instó a Bolaños a presentar el proyecto de ley, para dar oportunidad a todos los ciudadanos interesados en votar a tramiten sus documentos de identidad.
El mandatario envió ayer al poder legislativo un proyecto de ley con carácter urgente en el que solicita la extensión hasta el 30 de agosto del proceso de tramitación de los documentos de identidad de los nicaragüenses mayores de 16 años.
Varias organizaciones civiles y algunos partidos políticos afirman que de un total de tres millones 400 mil personas empadronadas, 800 mil carecen de cédulas, por lo que les sería imposible obtenerlas antes del 6 de agosto, cuando vence el plazo.
La legislación vigente establece que las solicitudes de cédulas se efectuarán hasta 90 días antes de las votaciones, y 60 días antes debe cerrarse la imprenta donde se hacen esos documentos para evitar manipulaciones en el padrón electoral.
Los comicios están fijados para el 5 de noviembre, por lo que de aprobarse la propuesta, el Consejo Supremo Electoral (CSE) deberá modificar el calendario en lo que respecta a la fecha de entrega del padrón electoral definitivo.
Para que la iniciativa se convierta en ley necesita del voto a favor de 56 de los 90 legisladores que componen el poder legislativo nicaragüense.
El presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo por su parte que acatará la decisión de la Asamblea Nacional.
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