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Caracas, El rescate de activos estratégicos figura hoy como un elemento esencial en la política económica venezolana, dirigida a colocar bajo control estatal actividades de amplio impacto social y que sirven además de fundamento para el desarrollo.

Entre las primeras acciones en esa dirección destacó la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), concretada el pasado año y en la cual contaba con una importante presencia la empresa estadounidense Verizon Communications.

A ella se sumaron varias entidades vinculadas a la generación y distribución de electricidad, bajo esquemas donde el ejecutivo negoció compensaciones adecuadas para concretar el proceso.

Mención especial en ese escenario a la política de plena soberanía petrolera, por la cual la estatal PDVSA ostenta ahora una participación mayoritaria en los negocios vinculados a los hidrocarburos.

La migración a la modalidad de empresas mixtas de los antiguos convenios operativos y asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco colocó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el control sobre reservas cercanas a los 100 mil millones de barriles.

La recuperación de activos privatizados en épocas anteriores bajo el dominio del modelo neoliberal avanza además hacia sectores claves para la sociedad como la construcción, donde el gobierno anunció acciones de ese tipo en la industria del cemento.

Las entidades sujetas a cambios pertenecen a los consorcios Cemex (México), Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza), tres de los gigantes del cemento a escala global.

Rafael Ramírez, ministro venezolano de Energía y Petróleo, aseguró que el plan apunta a concertar acuerdos con las mencionadas compañías para controlar al menos el 60 por ciento de las acciones de sus filiales en el país.

Al anunciar la medida, el presidente de la República, Hugo Chávez, indicó que ese paso responde a la actuación de las empresas de favorecer las ventas externas frente a la creciente demanda del mercado interno, unido a la concertación entre ellas para fijar los precios.

En ese sentido, la importancia de la iniciativa gubernamental esta en el hecho de que las tres corporaciones representan en Venezuela una producción conjunta cercana a 8,3 millones de toneladas anuales del rubro, equivalentes al 90 por ciento de la capacidad instalada.

A lo anterior se añade el propósito de garantizar la ejecución de un amplio programa de obras de infraestructura, donde destacan la ampliación del potencial industrial, viviendas e instalaciones de carácter social, entre ellas hospitales, escuelas y establecimientos para la cultura.