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Washington, La revelación del respaldo de altos funcionarios estadounidenses a la aplicación de torturas atiza la polémica en diversos sectores de la política y la opinión pública de este país.

Estamos ante otra asombrosa manifestación de la utilización de la tortura por parte de la administración del presidente George W. Bush, señaló el senador demócrata por Massachusetts Edward Kennedy.

Resulta impensable que en Estados Unidos, en el siglo XXI, la cúpula del poder ejecutivo efectuara reuniones en la Casa Blanca para aprobar tales métodos, añadió el hermano del ex mandatario John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Las críticas del legislador llegaron poco después del eco en la prensa norteña de las declaraciones de un ex oficial de inteligencia, acogido al anonimato.

El funcionario aseguró que el vicepresidente, Richard Cheney, y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entre otros políticos, dieron su visto bueno al empleo de técnicas violentas para interrogar a presuntos terroristas, y solicitaron al Departamento de Justicia el amparo legal para ejecutarlas.

En los encuentros participaron Rice, entonces asesora de Seguridad Nacional, y antiguos dirigentes como Colin Powell, secretario de Estado (2001-2005); John Ashcroft, fiscal general (2001-2005); y George Tenet, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) (1997-2004), explicó el informante.

Según la fuente, los contactos de alto nivel coincidieron en fecha con la emisión, por parte de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, de memorandos para autorizar estas prácticas, entre ellas el “waterboarding” (submarino o ahogamiento simulado de prisioneros)

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) pidió al Congreso investigar el asunto.

Luego de cada nueva revelación cobra fuerza la idea de que las torturas fueron organizadas y dirigidas por la Casa Blanca, sentenció la directiva de la ACLU Carolina Fredrickson.

Siempre sospechamos semejante vínculo, puntualizó.

El jefe de la CIA, general Michael Hayden, admitió en febrero la utilización del “waterboarding” durante los interrogatorios de tres supuestos miembros de la red Al Qaeda.

Tal reconocimiento provocó el rechazo de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, algunas de las cuales exigieron el inicio de pesquisas para determinar responsabilidades penales, cuestión rechazada por el Fiscal General, Michael Mukasey.