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Lima, Los alegatos de inocencia del ex gobernante militar peruano Francisco Morales Bermúdez, ante acusaciones de que participó en el Plan Cóndor, enfrentan hoy los desmentidos de tres víctimas de esa operación.
Los veteranos luchadores sociales Javier Diez Canseco, Ricardo Letts y Genaro Ledesma dieron fe de la complicidad de Morales Bermúdez con esa internacional represiva suramericana de décadas pasadas.
Confirmaron en tal sentido que en 1978, cuando gobernaba Morales Bermúdez, fueron detenidos, junto a otros opositores, y entregados a la dictadura Argentina, en aplicación del Plan Cóndor.
Diez Canseco señaló que, al llegar a Buenos Aires en calidad de deportados, los opositores fueron apresados y conducidos a una unidad militar, de la que fueron rescatados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El señalamiento cuestionó tanto las declaraciones de Morales Bermúdez, en el sentido que su gobierno no participó en el Plan Cóndor, como los méritos democráticos que el presidente, Alan García, atribuyó al ex gobernante militar (1975-1980).
García adelantó que vetará una posible extradición del ex jefe de Estado y negó validez "a priori" a las acusaciones de una jueza italiana que dictó una orden internacional de detención contra Morales Bermúdez, por su participación en el Plan Cóndor y en la desaparición de 25 italianos.
Diversos medios de prensa y analistas coinciden en criticar la actitud de García y atribuirla a la intención de sentar un precedente de protección a ex mandatarios, ante posibles problemas que tenga por una matanza de presos por terrorismo en su primer gobierno (1980-85).
García saludó la afirmación del anciano ex gobernante de "ponerse a derecho" pero pareció no estar de acuerdo con la misma.
Señaló que "los peruanos deben hacer respetar a aquellas personas que han brindado un servicio a la patria" y que Europa no debe creer que Perú es una "republiqueta bananera" o africana.
El involucramiento de Morales Bermúdez en el Plan Cóndor está referido al secuestro y desaparición de al menos cinco ciudadanos argentinos en Lima, capturados por agentes de los dos países.
Los diarios La Primera y La República recordaron minuciosamente el caso de cuatro de esas víctimas, registrado en junio de 1980, semanas antes de dejar el gobierno Morales Bermúdez.
El ex gobernante reconoció su responsabilidad política en la captura y deportación de tres supuestos militantes de la organización argentina Montoneros que habían ingresado ilegalmente a Perú, una de ellas Noemí Gianetti, integrante del movimiento Madres de Plaza de Mayo.
Morales Bermúdez admitió que los secuestrados fueron entregados a Bolivia -a agentes argentinos- y negó ser responsable de lo que pasó con ellos o de las torturas que sufrieron, según las investigaciones citadas por la prensa, en instalaciones militares peruanas.
También dejó en manos del gobierno y la justicia peruana la decisión de su eventual viaje a Roma a declarar ante la jueza que lo requiere, aunque al mismo tiempo presentó un recurso de Habeas Córpus para no ser extraditado.
El recurso reclama enfrentar el caso por la vía del exhorto judicial, es decir contestar por escrito las preguntas de la magistrado italiana, posición similar a la de su ex primer ministro, Pedro Richter, cuya captura también pide la jueza.
El ex gobernante militar agradeció al mismo tiempo el apoyo y la protección -"blindaje", según diversos medios de prensa-, que le ofreció el presidente García.
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