BOLETIN INFORMATIVO

Guatemala, Un año después de la quiebra del Banco del Café (BANCAFE) aún siguen sin ser sancionados los responsables de las operaciones fraudulentas que dañaron a miles de guatemaltecos.

El 20 de octubre de 2006, luego de una tormentosa reunión de varias horas, la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla, anunció el cierre de la entidad y aseguró que todos los depósitos estaban garantizados.

Se trataba de la cuarta mayor institución financiera del país, con más de un millón de cuentas y depósitos de casi mil millones de dólares, lo cual hizo temer en su momento una reacción en cadena con daños irreversibles para la economía guatemalteca.

Si bien esto no se produjo, recuperar su dinero fue una pesadilla para miles de personas y aquellos que convirtieron sus ahorros en depósitos en moneda extranjera, inducidos por funcionarios del BANCAFE, aún no lo han logrado.

El caso puso en evidencia la inoperancia de la supervisión estatal sobre las operaciones realizadas por empresas financieras privadas, que disponían a su gusto de los fondos confiados a ellos por los ciudadanos.

También reveló la impunidad de que disfrutan los magnates de la banca, pues aunque se emitieron 14 órdenes de aprehensión, ninguna se ha ejecutado, nadie fue llevado a juicio y, transcurrido un año, no se conocen los resultados de la auditoria forense.

En los tres meses siguientes ocurrió la bancarrota de dos empresas financieras y la clausura -también por defraudación al público- del Banco del Comercio, casos que aún permanecen en la impunidad.

Miles de afectados por estos hechos desfilan cada fin de mes por las calles capitalinas para exigir justicia, sin lograr hasta ahora atención a sus reclamos en ninguno de los tres poderes del Estado.

Como un año de sufrimiento califican este tiempo aquellos que perdieron sus bienes, muchos de ellos pequeños comerciantes o jubilados que creyeron garantizar sus fondos de pensiones y quedaron sólo con papeles sin ningún valor legal o comercial.