BOLETIN INFORMATIVO

Bogotá, La falta de voluntad del gobierno colombiano de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares, es denunciada por la federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en un informe que será presentado hoy en esta capital.

El agudo estudio sobre esa situación concluye al respecto que la Corte Penal Internacional debe investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002.

El informe es resultado de las investigaciones hechas por la FIDH durante dos años junto a juristas e instituciones de derechos humanos y se basa en la observación de las audiencias de paramilitares entre mayo y julio últimos en los Tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Según la FIDH los paramilitares han cometido desde su aparición alrededor de 60 mil crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sin contar más de un millón de personas desplazadas por sus acciones y amenazas.

Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados y sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desaparición, señala el documento.

La FIDH advierte que de los 30 mil paramilitares desmovilizados, el 92 por ciento se benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto y solo ocho por ciento está bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz.

Esta legislación, considera, fue implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que se pronunció por su adaptación para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo puntualiza que bajo la Ley de Justicia y Paz los paramilitares pueden ser condenados como máximo a ocho años e prisión, que pueden purgar en granjas productivas o imponiendo ellos sus condiciones de reclusión, lo cual contradice la gravedad de sus crímenes.

Denuncia que sus declaraciones, denominadas versiones libres, se han convertido en apología del delito, pues no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes los apoyaron, ni a mostrar siquiera arrepentimiento.

La FIDH concluye que el gobierno colombiano debe anular el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir una legislación que cumpla con los estándares internacionales.