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Sucre, Bolivia, El presidente de Bolivia, Evo Morales, demandó hoy a la justicia de Estados Unidos que cumpla los procedimientos pertinentes para la extradición del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado aquí de genocidio.

En diálogo con la prensa, el jefe de Estado cuestionó que el responsable de la represión policial de octubre de 2003, con saldo de 67 muertos y más de 400 heridos, encuentro cobija en el norteño país, a pesar de esos crímenes de lesa humanidad.

Asimismo reveló que durante su participación en la 62 Asamblea General de Naciones Unidas, explicó este caso a representantes de organismos internacionales, para recabar su apoyo en el reclamo del pueblo boliviano.

Líderes de organizaciones sociales y ex presidentes de Estados Unidos, afirmó, coincidieron con el gobierno boliviano en que los responsables de delitos y violaciones de derechos humanos como Sánchez de Lozada y sus colaboradores deben comparecer ante los tribunales.

Por su parte, la Corte Suprema en Bolivia autorizó el inicio del trámite de extradición y detención preventiva del ex gobernante y sus cómplices.

La máxima instancia de justicia determinó impulsar esas gestiones a través de la cooperación judicial internacional, para lo cual envió una solicitud oficial al órgano homólogo del norteño país.

El fiscal Milton Mendoza, al frente del caso, señaló que la demanda también incluye al ex titular de Defensa, Carlos Sánchez, radicado en Miami; y a Jorge Berindoague, ex ministro de Hidrocarburos, quien vive en California.

Según la exigencia, los acusados deben rendir cuenta ante los tribunales bolivianos por la masacre de octubre de 2003, conocida como "octubre negro".

En esa fecha, una rebelión popular en defensa del gas y los recursos naturales que el gobierno intentó sofocar con violencia policial, obligó a dimitir y huir del país a Sánchez de Lozada.

En julio pasado, también la Corte Suprema decretó en rebeldía al ex mandatario y extendió la resolución al Ministerio Público para que procediera por cuanto el sindicado conoce del proceso, pero lo dificultan desde Estados Unidos, donde reside.

El gobierno boliviano ha reiterado en varias oportunidades que Washington obstaculiza el proceso judicial y de extradición que se sigue contra el ex gobernante.