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Lima, Huelgas, multitudinarias marchas de protesta, decenas de detenidos y algunos heridos, marcaron la turbulencia social que caracterizó el acontecer noticioso de la semana en Perú.

El inicio, el jueves, de una huelga de maestros por tiempo indefinido y el inmediato inicio de marchas de profesores en prácticamente todo el país, constituyó la protesta más importante.

Los educadores plantean una serie de reclamos, el más importante, que un proyecto de ley que avanza en el Congreso sea discutido con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTEP), organizador de las protestas.

El asedio de miles de manifestantes al Congreso en Lima y las tomas de la sede del Ministerio de Educación en la ciudades andinas de Cajamarca, Huancayo y Huancavelica y del municipio de la sur andina Cusco, destacaron entre las acciones sindicales.

Los profesores bloquearon también carreteras y ocuparon el viernes durante varias horas un puente internacional en la frontera con Bolivia, además de ser reprimidos con violencia por la policía en numerosas ocasiones.

El gobierno declaró ilegal el paro y el ministro de Educación, José Chang, anunció que los huelguistas comenzarán a ser reemplazados por profesores emergentes. Previamente había advertido que cuenta con 12 mil reemplazantes.

El SUTEP exige diálogo y el gobierno acusa al sindicato de oponerse al régimen de evaluaciones establecido en el proyecto de ley y a la posibilidad de retirar del magisterio a los profesores que no aprueben esos exámenes.

La semana registró además huelgas en la centro amazónica región de Ucayali y las andinas de Puno, Ayacucho y Huancavelica, por diversos reclamos regionales.

Tras reiterados intentos de desacreditar las protestas, que el presidente Alan García considera minoritarias y focalizadas, ajenas al grueso de la población, el gobierno apeló al diálogo y la negociación ante los conflictos regionales.

Delegaciones ministeriales consiguieron el levantamiento de las huelgas de Ucayali, Puno y Ayacucho, a cambio de la promesa de resolver las demandas en plazos perentorios.

Mientras la mayoría de los analistas, así como dirigentes sociales y políticos opositores, considera que la ola de descontento es producto del incumplimiento de las promesas electorales de García, el gobierno sostuvo que se trata de acciones políticas adversarias.

El primer ministro, Jorge del Castillo, afirmó que los conflictos son supuestamente una venganza de los derrotados por García en las elecciones, es decir el Partido Nacionalista (PNP) del ex militar Ollanta Humala.

Del Castillo sostuvo además que hay injerencia venezolana en Perú, supuestamente por la instalación de una oficina simbólica en la ciudad sur andina de Puno, de la Alternativa Boliviariana de las Américas (ALBA), que realiza allí programas de solidaridad social.

El presidente de la región (gobernador) de Puno, Hernán Fuentes, rechazó las afirmaciones y acusó a Del Castillo de distorsionar los hechos para disimular el descontento social con el gobierno.

Otros críticos del ejecutivo señalaron que los problemas sociales, como el hambre y la miseria, son las verdaderas causas de las protestas y que el gobierno debe solucionarlas en lugar de inventar enemigos externos.

Reiterados ataques de Del Castillo -según dijo, a título personal- fueron secundados por el canciller, José García Belaúnde, quien sostruvo que el ALBA es "una entelequia".

La afirmación fue rechazada por el canciller venezolano, Nicolás Maduro, que -dijo- ofende a los pueblos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que integran el ALBA.