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México, Sobre el gobernador del estado mexicano de Oaxaca, Ulises Ruiz, pesa hoy una condena por delitos de lesa humanidad, impuesta por un jurado popular.

Una resolución de ese grupo, conocida este domingo, exige a Ruiz liberar de inmediato a todos los apresados y presentar con vida a los desaparecidos durante los sucesos iniciados en agosto de 2006, cuando protestas sociales sufrieron amplia represión.

También le demanda su renuncia al cargo, al "ser un sujeto repudiado por la mayoría del pueblo soberano", y lo declara persona indeseable donde quiera que se presente.

Insta a ciudadanos, organizaciones y partidos "que se identifiquen como progresistas" a promover un juicio político en su contra, para lograr no solo la destitución, sino el enjuiciamiento penal e inhabilitación de por vida para ejercer.

Ese tribunal popular llamó al pueblo de México a "crear una comisión de la verdad que investigue los hechos de la guerra sucia del pasado y el presente".

Al propio tiempo se conoció la liberación, por "desvanecimiento de pruebas", de Erick Sosa, hermano de Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien permanece en prisión por los acontecimientos del pasado año.

Erick Sosa aseguró que su único delito es ser hermano de Flavio, pues ni siquiera pertenece a la APPO, organización líder en el enfrentamiento a las autoridades de la demarcación cuando aquellos sucesos.

Tanto ellos dos como otro hermano, Horacio, también recluído, niegan ser delincuentes, sino presos políticos del gobierno de Vicente Fox (2000-2006).