BOLETIN INFORMATIVO

Según Stavenhagen, se han recogido denuncias que hablan sobre la existencia de "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y amenazas", muchas de las cuales "tienen lugar en el marco de la defensa que hacen las comunidades y organizaciones indígenas de sus tierras, recursos naturales y territorios ancestrales".

Stavenhagen señaló la existencia de este tipo de casos en Chile -país en el que se utilizó el marco de la ley contra el terrorismo para procesar a un activista mapuche-, en México, donde se acusó a un indígena de terrorismo por una situación similar, y también en otros países de Latinoamérica.

Asimismo, el relator señaló que Guatemala y Filipinas son los dos países que presentan el número más elevado de indígenas asesinados en relación a la defensa de sus derechos.

Para Stavenhagen, es posible afirmar que se está cometiendo un "genocidio a pequeña escala" contra los indígenas, que se ven amenazados por los intereses del sector petrolero, minero y maderero.

El relator también resaltó el problema que le significaba la privatización del agua a los pueblos originarios –ya que limitaba enormemente su acceso al recurso- e hizo hincapié en los inconvenientes que tenía la explotación de los recursos naturales del subsuelo, que han causado "efectos devastadores en los pueblos indígenas", según explica en su informe.