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Moscú, El rechazo del gobierno al informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano, calificado aquí de injerencista, centra hoy el acontecer político y noticioso de la semana que termina en Rusia.

Para la Cancillería, el reporte estadounidense sobre la situación interna de la democracia y los derechos humanos en el país europeo sigue teniendo un carácter politizado, selectivo y poco objetivo.

Moscú ha expresado preocupación por la pretensión del gobierno norteamericano de influir en los procesos políticos internos mediante el financiamiento a organizaciones no gubernamentales y agrupaciones que consideran disidentes del Kremlin.

En un comentario sobre el informe publicado el pasado 6 de abril por el Departamento de Estado, el vicecanciller ruso, Alexander Yakovenko, dijo que curiosamente Estados Unidos no elabora, "o al menos no difunde", un reporte crítico sobre la situación en ese país.

Tampoco en el referido documento se hace mención alguna a las denunciadas violaciones de los derechos humanos contra los presos en la cárcel norteamericana de Guantánamo o a los escandalosos casos en Iraq, que dieron la vuelta al mundo.

A ese respecto, Yakovenko señaló que en general la información sobre Iraq es mínima.

El diplomático insistió en que para ser objetiva, la valoración de Estados Unidos debe partir de iguales enfoques y con los mismos raseros para todos los países, incluyendo el propio.

Washington hace visible la selectividad al medir positivamente a aquellos gobiernos que respaldan su política exterior, mientras que los que se niegan tenderse a sus pies, obtienen los dictámenes más severos, según el viceministro.

Estados Unidos debía evaluar en términos adecuados la realidad de Rusia y analizar la observancia de los derechos humanos y principios democráticos por parte de ese país, dijo por su parte el presidente del Comité de Seguridad y defensa del senado, Víctor Ozerov.

Hay un campo ilimitado para actuar en esa dirección, subrayó el senador ruso en referencia a Guantánamo, las torturas en Abu Graib, las cárceles secretas y los vuelos de la CIA, así como la promoción de la "democracia" en Iraq.

Tanto la cancillería como el parlamento ruso denunciaron que la Casa Blanca no oculta para nada los planes de financiamiento a partidos políticos y a la sociedad civil con vistas a influir en las venideras elecciones legislativas de este año y las presidenciales de 2008.

El comité presupuestario del senado estadounidense asignó unos 85 millones de dólares en 2006 para la "promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia" en Rusia, recordó Yakovenko.

La Duma estatal rusa y el Consejo de la Federación (Senado) adoptaron esta semana sendos comunicados de protesta que tildan de violatorio de la soberanía nacional un informe de esa naturaleza.

No se puede calificar de otra manera ese documento como otra cosa que no sea de injerencia en los asuntos internos de Rusia, declaró Serguei Popov, presidente del Comité de la Duma de atención a Agrupaciones Sociales y Organizaciones religiosas.

Estamos en presencia no solo de una injerencia directa, sino también de una línea estratégica de influencia y presiones sobre Rusia, aseveró Popov.

El Servicio de Seguridad de Rusia denunció el pasado año la implicación de varias organizaciones no gubernamentales estadounidenses, en su mayoría financiadas desde el exterior, en actividades de espionaje.

En un informe presentado ante la Duma, el director del organismo, Nikolai Patrushev, dijo que agencias de inteligencia extranjeras trabajan con las ONGs para influir en procesos políticos y económicos en Rusia.

Agregó que bajo el pretexto de asistencia en programas educacionales y humanitarios en las regiones, muchas de éstas organizaciones cabildean a favor de los intereses del Estado que representan y recaban información confidencial para esos fines.

El funcionario recordó el respaldo financiero externo que recibieron los movimientos opositores en Georgia (2004), Urania (2005) y en Kirguistán con las llamadas revoluciones de colores.

Un informe publicado en 2006 del Congreso de Estados Unidos identificaba las líneas de prioridad de Washington en el espacio post soviético a los cuales se destinarían millonarios fondos de "ayuda a la democracia".

Figuran en la lista de beneficiarios organizaciones de la sociedad civil de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldova, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán y Kirguistán.