BOLETIN INFORMATIVO

(Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia) Bogotá, Jueves 2 de Noviembre de 2006. Los Pueblos Indígenas de Colombia unidos en un solo pensamiento, en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Colombia, creada por el decreto 1396 de 1996 y en el que participan las organizaciones: ONIC, CIT, OPIAC y AICO, el mismo que es el resultado del proceso de lucha y resistencia por la reivindicación de nuestros derechos, queremos manifestar que no renunciamos ni renunciaremos a nuestra dignidad, a nuestros principios y a nuestras exigencias. Continuamos resistiendo pese a los miles de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y desplazamientos. Vemos que los alcances de la Constitución Política no han sido esa luz brillante que iluminara nuestro camino, muy por el contrario se utiliza como argumento para que se intensifique la guerra en y por nuestros territorios.

Hoy, cuando en Colombia se habla hipócritamente del derecho a la Vida y otros derechos, poniendo en marcha una farsa, en la que seguimos perdiendo no solamente la vida de nuestros pueblos, sino también los espacios políticos que hemos ganado históricamente.

Hoy mientras nos sentamos para hablar de cómo construir una "Política Integral de Derechos Humanos", el gobierno Colombiano tiene una postura incoherente al No respaldar la "Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo", texto ya aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y que actualmente está en discusión de la Asamblea General de las Naciones Unidas; tampoco hay respuestas concretas para resolver de forma definitiva la situación grave del pueblo Nukak, sino lo que pretende es dar paños de agua tibia y asistencialismo que no resuelven el problema real, que es que ellos retornen a su territorio ancestral. Se siguen construyendo bases militares en nuestros territorios de manera totalmente inconsulta, actuación que rechazamos rotundamente.

La impunidad campea, hasta el punto que de los dos mil casos delictivos presentados a la Fiscalia, nos presentaron como atendidos preferentemente 64, de los cuales solo el 99% estan en etapa preliminar o de instrucción, pese a que los hechos y casos vienen desde 1994; empero, las detenciones arbitrarias de miembros de nuestras comunidades, los señalamientos, estigmatizaciones no cesan; la persecución a los gobiernos es notoria, y se siguen implementando megaproyectos asociados a la implementación del TLC, evitando la consulta previa para explorar los recursos de nuestros suelos; como ejemplo resulta paradójico y perverso que el mismo día que nos aprestábamos a diseñar una propuesta de visión sobre la política Nacional de Hidrocarburos, esta misma Agencia Nacional de Hidrocarburos estaba entregando permisos sin la Consulta Previa para la explotación minera en los departamentos del Vaupes, Vichada y Guainia.

Frente a esta nueva negación del Gobierno Nacional nos afirmamos como pueblos libres y autodeterminados, y ratificamos nuestro más profundo rechazo. Hoy más que nunca los pueblos indígenas de Colombia nos declaramos en "Asamblea Permanente", porque no capitulamos en la defensa de nuestros derechos, pues nuestra dignidad es innegociable.

Un breve repaso a los resultados de tantas convocatorias nos muestran que ellos han sido mínimos, que en los territorios indígenas la situación sigue siendo igual; que no hay voluntad política del Estado; que nos siguen catalogando como improductivos, que no se nos reconoce el aporte que hemos hecho al país, que muy por el contrario solo hemos recibido discriminación y exclusión. Se repite siempre que hay mucha voluntad y cuando se presenta una propuesta de largo alcance sólo nos dicen que hay que empezar por lo más pequeñito y cuando vamos a lo pequeño, nunca se concretan en acciones reales, falta el apoyo del Estado.

En esta comisión hemos planteado y reiteramos nuestra amplia vocación de dialogo, pero el gobierno nos cuestiona con el cuento de que no hay propuestas claras. Pero nosotros sabemos con claridad que es lo que queremos, cuando se   presentan las propuestas en las "mesas de concertación", nunca se cumple con las condiciones pactadas, esta ha sido una historia constante.

No nos pueden decir que aquí no hay propuestas ni claridad, porque aquí estan. La misma Constitución Política es una de ellas, y el estado no se puede contradecir en su accionar. Hay algunas entidades que tienen una voluntad pero no es política, es solo una voluntad particular.

No podemos permitir que sigan engañando a nuestros pueblos, queremos propuestas concretas y reales. Aquí no solamente estamos hablando de la "Comisión de Derechos Humanos", sino también de todos los espacios de dialogo y concertación legítimos como la "Comisión de Territorios" y la "Mesa Nacional de Concertación".

Seguiremos en "sesión permanente" todos los miembros indígenas de la "Comisión de Derechos Humanos" hasta tanto el Gobierno Nacional   responda efectivamente a nuestras demandas. Necesitamos que el Gobierno Adopte la DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

Es lamentable la decisión de no continuar con esta dinámica, pero si el Gobierno Nacional no responde claramente no nos sentaremos a buscar salidas.

Esperamos que la voluntad manifiesta de la Fiscalia y otras instituciones para seguir luchando por garantizar la protección de nuestros derechos no cese, debido a nuestra decisión de terminar con esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. (Estado- Pueblos Indígenas). Haya Mesa o no, queremos respuestas concretas para nuestros pueblos a través del trabajo con nuestras organizaciones, y no con talleres institucionales que limitan el accionar conjunto. La Responsabilidad fundamental del estado y del Gobierno Nacional es materializar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una cuestión de ¡Dignidad! En este sentido, no queremos que las instituciones del gobierno se vayan a las regiones a asaltar la buena fe de las comunidades para realizar concertaciones ilegales que rompen el proceso organizativo de los pueblos indígenas.

Por todo lo anterior no queremos escuchar explicaciones frente a la abstención del Gobierno Nacional. Exigimos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, y en especial que no se abstenga y Vote positivamente la Adopción de la DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS del Mundo, aprobada por El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma que ha sido fruto del trabajo de nuestros pueblos y las Naciones Unidas por más de 22 años.

Firman los Comisionados: LUIS EVELIS ANDRADE (ONIC), RAMIRO MUÑOS MACANILLA (OPIAC), LEONOR ZALABATA (CIT), RAMIRO ESTACIO (Senador Indígena), YESID BRIÑEZ POLOCHE (AICO), FRANCISCO ROJAS BIRRY (Exconstituyente Indígena), LORENZO MUELAS (Exconstituyente Indígena)

-Este pronunciamiento es el resultado de la decisión conjunta de las cuatro (4) Organizaciones Indígenas del país: ONIC, CIT, AICO, OPIAC y los exconstituyentes y senadores indígenas firmantes de la misma. En respuesta a la inexistencia de Políticas de estado para los Pueblos Indígenas y la escasa voluntad del Gobierno para dar respuesta a las exigencias y reivindicaciones que en Justicia y en derecho demandamos los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia.

Con todo respeto estimados amigos adjunto a esta la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, para que todos la conozcan y nos hagan llegar sus aportes.

Es necesario además que el actual Gobierno diga de manera explicita cuales son las razones y argumentos que exhibe para no aceptar en su totalidad la Declaración del Consejo Mundial de derechos Humanos de la ONU.

El documento es amplio y favorece ostensiblemente a los Pueblos Indígenas y sirve de complemento al Convenio 169 de la OIT.

El artículo 26 de la Declaración dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y Recursos que poseen en razón de la PROPIEDAD TRADICIONAL de ocupación o utilización, así como los que hayan adquirido de otras formas.

El termino resaltado de propiedad tradicional talvez no le gusta mucho al Gobierno cuando ahora precisamente el pueblos U´WA ha manifestado que por posesión y propiedad tradicional los recursos del subsuelo también les pertenecen, en contrapocisión al código minero y a la ley de hidrocarburos en las que se dice que dicha propiedad es de la nación o del Estado.

"Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades publicas, de particulares o de comunidades o de grupos.

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes". (Articulo 5º de la ley 685 de Agosto 15 de 2001 por el cual se expide El código de Minas y se dictan otras disposiciones).

Es de anotar que el Estado colombiano y los Gobiernos Nacionales así se haya aprobado el Convenio 169 de la OIT mediante la ley 21 de 1991, se resiste a observar y aplicar estas leyes con el reconocimiento de PUEBLOS INDIGENAS y siempre se refiere a ellos como comunidades o grupos étnicos. Hay que colocar en consonancia las leyes para indígenas con los Convenios internacionales.

Dice el articulo 121 del código de Minas: "Todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo".

Para ello también seria necesario reformar la Constitución Nacional , pero no por ello dejar de aplicar el concepto de Pueblos porque el convenio 169 de la OIT, ley 21 de 1991 tiene el rango de Constitucional y hace parte del llamado "bloque de Constitucionalidad" que le da a la ley el mismo valor que tiene la Constitución Nacional y los artículos que la componen.

-Regresando al concepto de Propiedad Tradicional es lógico que el Estado tiene que reconocer esa propiedad tradicional que en muchos de los casos carecen de documentos escritos y otros tienen inclusive cedulas reales o títulos de la Corona española, que siempre los pueblos indígenas han reivindicado. Los Pueblos Indígenas en Colombia estan antes de la llegada de los españoles o Europeos, antes de los conquistadores, antes de los Colonos que hicieron las leyes que hoy afectan a dichos Pueblos. Hoy esas leyes tienen que ser modificadas al amparo de la nueva legislación internacional que va surgiendo en el mundo, como la Declaración Mundial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo aprobada por el Consejo Mundial de derechos Humanos de la ONU y a la que el Gobierno actual esta haciendo una serie de reparos, que no conocemos, para no aceptarla.

-"Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídicos de esas Tierras, Territorios y Recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate".

El tratado además establece que si de alguna manera se han usurpado, utilizado, invadido, ocupado etc., recursos de los pueblos indígenas hay que buscar la manera de indemnizar los perjuicios que se hayan causado. Suponemos que el Estado colombiano tiene miedo de aprobar la Declaración porque se imagina ya demandado por los atropellos que en el pasado se han cometido con la usurpación y despojo de mucha riqueza perteneciente a los pueblos indígenas a nivel de recursos hidrocarburiferos, de metales, de tierras, flora y fauna e incluso del agua del cual muchos pueblos ya han sido despojados.

El otro planteamiento en el cual es contundente la Declaración es que establece que no se podrán desarrollar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas si dichos pueblos no son consultados.

Si le ha quedado grande al estado colombiano el reconocer la magnitud y seriedad que implica un proceso de Consulta Previa con los Pueblos Indígenas para tomar una determinación judicial o administrativa, y el escalabro que hemos visto en las consultas en cuestiones de una simple Sísmica, para exploración y explotación del petróleo, que podremos decir y pensar de una consulta para actividades militares cuando todos sabemos el conflicto que vive nuestro país y donde los actores armados, todos, confluyen es precisamente en los territorios indígenas.

En las cuestiones culturales, casi que también obliga al Estado a indemnizar a los pueblos indígenas por el robo a sus conocimientos ancestrales, o los que aún poseen, a hacer una revisión de los trabajos realizados por antropólogos, fundaciones, abogados, sociólogos etc., que se hayan beneficiado económicamente de la explotación cultural de algún pueblo indígena. Ello necesariamente va a generar un interesante debate, del pago de esos "derechos de autor" no compensados.

Establece también la Declaración la obligación de realizar la CONSULTA con los pueblos indígenas para la explotación de cualquier recurso minero, hídrico o de otro tipo. Y prácticamente se establece que en aquellos lugares en donde se hicieron ya obras, como por ejemplo represas, y si allí fueron afectados Pueblos Indígenas, se revise dicha situación para saber con exactitud si dichos pueblos fueron indemnizados adecuadamente.

En cuanto a la Jurisdicción Indígena subyace en la Declaración que así como las autoridades indígenas pueden juzgar en todos los aspectos a sus propios paisanos también pueden hacerlo para o contra los no indígenas que infrinjan sus leyes, que hayan usurpado sus territorios o cometan delitos o infracciones contra el pueblo indígena.

Que los indígenas impongan autoridad, su autoridad propia a las personas que atenten o afecten los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo si alguien comete una masacre a un pueblo indígena, o un homicidio, o una desaparición o un desplazamiento las propias autoridades indígenas podrían juzgar a los sospechosos de cometer la ilicitud y de dictar sentencias de castigo o de reparación para los responsables.

La Declaración también establece que las autoridades indígenas de frontera pueden llegar a acuerdos entre ellos e incluso con otros pueblos, sobre cuestiones económicas, civiles, políticas, comerciales, sociales etc.…

Y en los acuerdos y tratados internacionales que elabore o suscriba el Estado y en el cual haya población o pueblos indígenas ordena que estos sean tenidos en cuenta y además insiste nuevamente en la Consulta.

Se establece también que los Estados deben dar a conocer, capacitar, instruir, a todos los pueblos indígenas sobre La Declaración; pero si ya 15 años después de aceptado el Convenio 169 de la OIT dicho postulado no se ha cumplido ni se ha visto interés en ello, a excepción de unos tallercitos sobre el tema, consideramos también que esos derechos se querrán interpretar al amaño de los gobiernos de turno, de los intereses mezquinos de todo tipo de compañías y empresas gubernamentales o no,   en contra de los pueblos indígenas.

Consideramos como muy importante de alta importancia la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y que debe ser acogida en su integridad por el Estado Colombiano, será un elemento más de apoyo a dichos pueblos, como lo establece el articulo 42 de La Declaración.

 "Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen LAS NORMAS MINIMAS para la supervivencia, la Dignidad y el Bienestar de los pueblos indígenas del Mundo".

Por ello en sana lógica es entendible que si el gobierno Colombiano no quiere aceptar esas NORMAS MINIMAS los indígenas que hacen parte de la "Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" que se encontraba reunida del 1º al 2 de Noviembre en Bogota, hayan decidido levantarse de la Mesa y suspender los diálogos con el Gobierno Nacional, hasta tanto el mismo no suscriba y acepte la Declaración de la ONU.

El ejercicio se debe seguir desarrollando, la reflexión se mantiene y la lucha continua.

Un Abrazo fraterno. Gustavo Patiño Álvarez.