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Managua, La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se pronunció hoy aquí a favor de una reforma al Código Penal vigente que incluiría la penalización del aborto terapéutico, una práctica que es legal en Nicaragua desde 1891.

El dictamen fue aprobado por los diputados liberales, sandinistas y cristianos integrantes de la comisión parlamentaria, y será sometido a la consideración del plenario la semana próxima.

De convertirse en ley, no solo las mujeres que aborten, sino también los médicos que lo practiquen pueden ser condenados a penas que oscilan entre 10 y 30 años de cárcel.

Mientras los legisladores tomaban la decisión, un grupo de mujeres convocadas por organizaciones feministas se manifestó este jueves frente al edificio de la Asamblea Nacional, para protestar contra lo que consideran una violación de sus derechos humanos.

El clamor feminista, sin embargo, poco pudo hacer frente a la poderosa influencia de la Iglesia Católica y de los líderes evangélicos locales, quienes el 6 de octubre pasado organizaron una manifestación "por la vida" en Managua con miles de feligreses.

Los defensores del aborte terapéutico consideran que los jerarcas eclesiásticos pecaron de oportunistas, al promover el tema en un año electoral, cuando los partidos políticos prefieren mantener buenas relaciones con la Iglesia.

El Código Penal autoriza la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto o que la concepción haya sido producto de una violación o incesto.

En cualquiera de esas situaciones, se debe contar con la opinión científica de al menos tres facultativos y la autorización de la embarazada o de un familiar.

Las organizaciones feministas advierten que la eventual penalización del aborto terapéutico atenta además contra la naturaleza laica del Estado nicaragüense, y amenazaron con llevar el caso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alegan además que la prohibición obligará a parir a las víctimas de violaciones e incestos, condenará a muerte a mujeres con embarazos con riesgos para sus vidas, y provocará el nacimiento de niños con malformaciones congénitas.