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Decenas de documentos acerca del terrorista internacional Luis Posada Carriles llevan hoy el cuño de "secret sensitive", en poder del gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué no desclasificarlos? Es la pregunta que hacen muchos dirigentes políticos, abogados, académicos y periodistas, entre otras voces, ante la negativa de Washington a divulgar los textos que sobre el criminal conservan celosamente sus servicios de espionaje.

La interrogante se hizo sentir con más fuerza el jueves último, al publicar los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington una extensa lista de títulos de documentos secretos relacionados con Posada Carriles.

Agrupados en cuatro volúmenes, los enunciados dejan entrever que sus contenidos (que continúan en secreto) se nutren del pasado del criminal, abundante en nexos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono.

"Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a divulgar todos sus informes de inteligencia sobre Posada. Es hora de que sea transparente sobre el pasado de Posada y su vinculación al terrorismo internacional", señaló Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentos sobre Cuba de los Archivos de Seguridad Nacional.

En opinión de Kornbluh, "las víctimas, la opinión pública y las cortes tienen derecho a saber".

Empero, fue precisamente el abogado de Posada Carriles, Eduardo Soto, quien hace muy poco puso en evidencia las razones que tiene Washington para guardar silencio.

"Estamos tratando de establecer que Luis Posada siempre fue un instrumento empleado y pagado por el gobierno de este país, que ahora, por conveniencias políticas, pretende calificar de terroristas a las mismas actividades que antes promovió", alegó Soto.

Incluso, dijo que pretendía recurrir a los testimonios del senador y ex candidato presidencial John Kerry y del coronel Oliver North, figura central del escándalo Irán-Contras.

Según el abogado, Kerry, North y "otros más" podrían ser llamados como testigos, para demostrar que su cliente actuó durante años bajo la conducción y el respaldo del gobierno estadounidense.

Uno de los pasajes que se propone resaltar la defensa es la participación de Posada Carriles en acciones contra la Revolución Sandinista, en particular su vinculación al Irán-Contras, culebrón destapado durante el gobierno de Ronald Reagan.

El escándalo estalló al trascender que Estados Unidos financiaba los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses con dinero proveniente de la venta de armas a Irán.

La operación era ejecutada por la CIA y dirigida por Oliver North, entonces miembro del Consejo de Seguridad Nacional.

En opinión de Soto, el senador Kerry fue "una pieza clave en la investigación del caso Irán-Contras", y posee conocimiento suficiente de los informes y testimonios que registran la participación de Posada, ex agente CIA, en esos hechos.

Con el pseudónimo de Ramón Medina, el criminal se hallaba en la base de Ilopango, en El Salvador, cuando estalló el escándalo en 1986, tras el derribo en Nicaragua de un avión norteamericano.

Posada Carriles se encuentra en un llamado centro de procesamiento de inmigrantes, en Texas, donde fue "recluido" en mayo de 2005 tras aparecer en público en Miami y quedar en evidencia su entrada ilegal a Estados Unidos.

Hasta ahora sólo ha sido encausado por ese delito migratorio, pese a la solicitud de extradición presentada por Venezuela, cuya justicia lo demanda por su responsabilidad en el atentado contra una aeronave cubana en 1976, acción en la que perecieron 73 personas.

Sus antecedentes criminales también incluyen la planificación de una serie de atentados con bombas en 1997 contra instalaciones turísticas de La Habana, en una de las cuales murió el joven italiano Fabio di Celmo.

Posada Carriles entró ilegalmente en Estados Unidos luego de ser indultado en 2004 por la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, antes de dejar el cargo.

Junto a otros tres terroristas, cumplía una sentencia en una cárcel de Panamá tras organizar un atentado contra el presidente cubano, Fidel Castro, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de 2000, celebrada en ese país.

El jueves, unido a la lista de documentos sin desclasificar que conserva Washington, los Archivos de Seguridad Nacional divulgaron varios textos en los que queda en evidencia cuán enterado estaba el gobierno estadounidense de los "quehaceres" de Posada Carriles.

En tres cartas remitidas en 1976 por el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Clarece Kelley a Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado, queda en evidencia que las autoridades norteamericanas sabían de la vinculación del criminal con el sabotaje al avión cubano.

"Una fuente confidencial reconoce que Posada y Bosch (Orlando) fraguaron el atentado", indica Kelley el 20 de octubre en la primera misiva.

En la tercera carta, fechada el 5 de noviembre, el director del FBI le informa a Kissinger que el atentado fue planeado en dos reuniones en Caracas, en las cuales participaron, entre otros, Posada Carriles y Ricardo Morales Navarrete, en esa época miembros de la inteligencia venezolana.

Una de las citas tuvo lugar en el apartamento de Morales, quien admitió ante la fuente del FBI que ese grupo, previamente, había intentado volar aeronaves cubanas en Panamá y Jamaica.

Otro informe de inteligencia revelado menciona a un contacto en Venezuela que escuchó cuando Posada Carriles comentaba la víspera del atentado: "Vamos a golpear a un avión cubano. Orlando tiene todos los detalles".

Aunque 30 años transcurrieron después del sabotaje, y algunos documentos salieron a la luz, hoy continúa siendo una incógnita por qué Estados Unidos, teniendo tanta información en su poder, tampoco no cooperó con los investigadores del hecho.

Y más aún, cuál es la razón para mantener aún en secreto tantos documentos sobre Posada Carriles.